Publicado en El Norte
Ésta podría ser la trama de una película de comedia muy mala, pero aquí la historia no termina cuando se encienden las luces. Ahí les va la sinopsis.
Un Alcalde muy cuestionado por la opinión pública quiere ser Diputado y su partido como pago por favores previos lo postula para un distrito en el cual no podría perder.
Para poder alcanzar ese puesto tuvo que pedir licencia al Cabildo, y se lanzó al ruedo de las campañas. Unas semanas después le notificaron que algunos ciudadanos lo demandaron judicialmente por el abandono de su cargo.
Mientras se le complicaba el triunfo en el distrito que iba a ganar sin problema, se le hace saber que un Juez lo obliga a cumplir con su mandato como Alcalde. El Cabildo primero se encierra y apaga la luz para que no lo encuentren, pero luego manda decir que no pueden hacer volver al Alcalde porque ya habían nombrado a otro.
Los Diputados locales son llamados por el Poder Judicial para deshacer ese nombramiento y así lo hacen. Ya cuando suponíamos que la historia tendría algo de lógica, el Tribunal Electoral manda decir que se esperen porque el Alcalde siempre no tiene que volver.
Nuestro protagonista ahora es Alcalde y Diputado electo, algo que en nuestra Constitución está prohibido pues ningún funcionario público puede ostentar dos cargos al mismo tiempo.
La orden judicial que lo obliga a volver al Cabildo se contrapone a la del Tribunal Electoral que lo dispensa de esa acción. Se trata de una contradicción judicial que huele más a violación flagrante.
Fernando Larrazabal actualmente ya no es elegible para ser Diputado federal porque desde que el Juez lo obligó a volver, la sentencia causó efectos. ¿Cuántos abogados se necesitan para que se cumpla la ley? ¿Y cuántos para burlarse de ella?
Y aún hay una pregunta que revuelve las cabezas de los ciudadanos de Monterrey: ¿quién es el Presidente Municipal?
El Cabildo de esta ciudad ha sido una vergüenza para sus representantes y un ejemplo de ilegalidad con sus acciones esta semana. El traspaso del cargo de Alcalde a terceros y cuartos ha retratado de cuerpo completo el respeto que estos políticos tienen hacia sus cargos y los ciudadanos que representan.
¿Existen consecuencias para estos regidores y síndicos? El Código Penal Federal establece en su Artículo 178 un castigo de 15 a 200 jornadas de trabajo a favor de la comunidad al que desobedezca un mandato legítimo de la autoridad. Todavía hay mucha tierra por sacar del Río Santa Catarina, por si algún Juez quiere hacer cumplir la ley. El Artículo 180 habla de uno a dos años de prisión a quien se resista al cumplimiento de un mandato legítimo de la autoridad.
Roy Godson, catedrático de Georgetown, habla de la necesidad de aplicar castigos ejemplares ante escándalos como los que estamos viviendo en estos días. La importancia de romper con los ciclos de ilegalidad nos haría recuperar algo de credibilidad en las instituciones.
La vida da oportunidades para redimirse. El Tribunal Electoral resolvió de manera equivocada en el caso Larrazabal, pero aún puede detener esta injusticia en la calificación de la elección. El Artículo 55 de la Constitución es muy claro: se necesita estar separado de su cargo 90 días antes de la elección.
La magistratura que ordenó el regreso de Larrazabal podría girar órdenes de presentación contra los miembros del Cabildo de Monterrey que obstruyeron una orden judicial y quisieron burlarse de la ley por proteger a su jefe.
Más allá de un caso, ¿qué vamos a hacer con los chapulines en el futuro? Sin duda los antecedentes de ciudadanos ejemplares en Monterrey y Guadalupe han sentado precedentes para los próximos Alcaldes que se atrevan a fallar en sus obligaciones ¿Cómo obligamos a los próximos para que cumplan con su mandato? ¿Cómo nos preparamos para que no lo vuelvan a hacer en tres años?
La reelección consecutiva para ayuntamientos es un mecanismo urgente para quebrar estos vicios de funcionarios que no pueden ser sancionados por el electorado. Es importante presionar a nuestro Congreso local en ese sentido.
Los electores del Distrito 10 casi logran el castigo más fuerte que puede sufrir un político. Que sea una enseñanza que no se nos olvide en las próximas elecciones.
julio 15, 2012
julio 11, 2012
Los que venden sus votos
Publicado en Publímetro Monterrey
Mucho se ha
hablado de quienes compran votos. Se trata de un delito electoral que puede
llevar a la cárcel a quien se sorprenda en esta práctica. Está tipificado en el
código penal y es la FEPADE la que persigue de oficio. A las autoridades
correspondientes les tocará dar seguimiento a esas denuncias y a nosotros como
ciudadanos presionar para que se vaya hasta sus últimas consecuencias.
Sin embargo
el otro lado de la moneda parece intocable. Para que existan compradores tiene
que haber vendedores. Se habla de un ejército de desposeídos que son víctimas
fáciles de la manipulación y que en su inocencia no saben lo que hacen. Se
trata de justificar y casi de provocar lástima sobre estos ciudadanos que por
500 pesos están vendiendo a su país ¿Realmente estamos en esta situación tan
injusta? Yo pienso más bien que el oportunismo lo podemos detectar en ambos
lados de la operación financiera, y que los vendedores de sus votos son todo
menos víctimas en este problema.
¿Qué
haremos para detenerlo? Yo sugiero ser igualmente implacables con quienes
venden su voto. Se trata del ejercicio de su ciudadanía que no están respetando
¿Por qué tendríamos que mantener el derecho a votar con personas que tan poco
valor le están otorgando ellos mismos? El reconocimiento como ciudadano debería
ser algo que la persona se gane y no algo que se regale para que luego lo
cambien por un celular.
Propongo
que quienes sean sorprendidos en la venta de su voto se les retire de manera permanente
ese derecho, al menos hasta que demuestren haber aprendido lo importante que es
este ejercicio. Muy seguramente ni siquiera se preocuparán, pero al menos así
podremos depurar la lista nominal con aquéllos que verdaderamente tienen
interés en votar libre y responsablemente.
julio 10, 2012
Los gobernadores
El triunfo
de Peña Nieto no pudo haberse logrado sin la operación de gobernadores priístas
en todo el país, con excepciones como Tamaulipas y Nuevo León donde los
titulares fracasaron, pero eso no quiere decir que no lo hayan intentado.
El gasto
que hicieron puede notarse como la punta de un iceberg que seguramente en los
próximos meses iremos descubriendo. Los escándalos de Monex y Soriana en las
operaciones para financiar a los representantes del PRI en las casillas estoy
seguro que solo se trata de una pincelada de toda la obra.
No vengo
aquí a hablar de eso, sino de los motivos que pudieron haber llevado a estas
operaciones.
Las
conversaciones reveladas en 2006 entre Elba Esther Gordillo y el entonces
gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández (hoy investigado por la SIEDO por
presunto lavado de dinero) daban fe de una operación gigantesca perpetrada por
los gobernadores priístas para apoyar al entonces candidato Felipe Calderón del
PAN. Desde el triunfo de Vicente Fox no había habido grupo político más feliz
que los propios gobernadores que por primera vez en la historia no tenían un
jefe en Los Pinos.
Los excesos
comenzaron desde que Vicente Fox decidió regalar recursos de los remanentes
petroleros a las entidades federativas prácticamente sin ningún tipo de
fiscalización. Cuando se acabaron los sobrantes petroleros vinieron las deudas
para mantener las nóminas infladas y los desvíos para las campañas electorales
a gobernadores. Los mapaches se hicieron nacionales, pues se inventó la
modalidad de préstamo de operadores de un gobernador a otro que apenas llegaba.
Pudimos ser testigos de esto cuando se descubrieron operadores de Nuevo León
apoyando el triunfo del PRI en Zacatecas y qué decir de Michoacán donde las operaciones
priístas fueron tan abiertas que era vox populi no solo sus gastos sino la
intensidad con la que estaban trabajando desde el Estado de México, Veracruz y
otras entidades.
¿Por qué en
2006 los gobernadores traicionaron a su propio partido? Parecían muy felices de
no tener alguien que los controlara desde Los Pinos, la respuesta parecía
lógica. Pero algo pasó durante la administración de Felipe Calderón que los
hizo pensar dos veces en apoyar a otro partido en 2012.
Puedo imaginarme
que tuvo mucho que ver la campaña de guerra emprendida contra gobernadores
priístas especialmente en el norte del país por parte de Calderón. La
incomodidad de un jefe del PRI en el Ejecutivo Federal ahora parecía cosa menor
frente a las agresiones y acusaciones de complicidad con el crimen organizado que
desde Los Pinos se hicieron y que se multiplicaron en la campaña de Josefina
Vázquez Mota.
Esta vez
los operadores funcionaron a favor de su candidato y Enrique Peña Nieto ganó la
presidencia. Pero vienen nuevas preguntas que apenas comenzaremos a observar.
¿Cuáles
serán las condiciones sobre las que se sentarán las relaciones entre
gobernadores priístas con su presidente? ¿Habrá sana distancia o permitirán que
Peña Nieto se involucre en sus asuntos locales? Mi lectura es que el acuerdo de
apoyo vino con la condición del respeto. Los pequeños virreyes tendrán garantía
de acción y Peña Nieto se dedicará a otros asuntos.
¿Qué tan
funcional sería este acuerdo? Tendremos que anotarlo sobre la magnitud y la
frecuencia de los excesos de nuestros gobernadores, que parecen ir a la alza en
impunidad y en el cinismo con el que se hacen a un lado cuando se trata de
perseguir a los culpables de los escándalos.
Irónicamente,
la legitimidad de Peña Nieto está apenas sostenida sobre su capacidad de dar
resultados en el corto plazo, por lo que seguramente este acuerdo tendrá que
ser roto tarde o temprano ¿cómo responderán los gobernadores?
El juego
entre gobernadores y presidentes hacía mucho que no era tan interesante en
nuestro país.
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