Silencio latinoamericano

Publicado en Jornada Aguascalientes

Treinta y dos mandatarios guardaron silencio sobre la situación de Derechos Humanos en Cuba durante la reciente cumbre de la CELAC en La Habana. Algunos, incluido el nuestro, buscaron al comandante para tomarse la foto con él y ponerla en sus recuerdos. Hoy el aparato represor en Venezuela utiliza miembros del ejército cubano y burócratas infiltrados en toda la administración pública bolivariana para reprimir las protestas en Caracas y otras ciudades de aquel país.

¿Hasta dónde llega la responsabilidad por el silencio? Sebastián Piñera de Chile es el único que hasta este momento ha hecho un pronunciamiento formal en contra de la situación del gobierno de Nicolás Maduro. Incluso él que ahora levanta la voz, guardó silencio frente a lo que sucedía en Cuba mientras los distinguidos jefes de gobierno cenaban y eran hospedados en los mejores hoteles de la isla.

Venezuela y Cuba tienen años en una estrategia política y económica que busca hacer un frente contra lo que ellos llaman el intervencionismo yanqui en América Latina. Cada persona es libre de asumir la posición que quiera respecto a este asunto, y cada mandatario lo hará también en función de lo que su pueblo le haya indicado en la última elección. La realidad es que más allá de las críticas a su propuesta política y económica, han establecido bases diplomáticas que a lo largo de las últimas dos décadas se han mantenido coherentes, con crisis y exabruptos como cualquier otro proyecto político, pero han sobrevivido.

El problema ha sido otro. Bajo el hueco discurso de la autodeterminación de los pueblos, Cuba ha sostenido un régimen de terror contra aquellos que buscan una alternativa política a lo que el régimen, en Cuba y en Venezuela, llama Revolución. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, y bajo el acuerdo económico implícito de que la revolución cubana se sostiene con el petróleo venezolano, los poderes tanto en La Habana como en Caracas han entretejido una amistad que ahora rebasa los acuerdos comerciales y diplomáticos.

Desde hace años, pero con mayor frecuencia en los últimos días, la oposición venezolana ha denunciado la presencia de militares cubanos encubiertos en las protestas de los jóvenes ¿Hasta qué punto las manos del ejército cubano están manchadas de sangre venezolana? Desde el 12 de febrero que comenzaron las manifestaciones contra el gobierno de Maduro por el encarcelamiento de líderes de la oposición, la respuesta oficial ha sido desproporcionada, violenta y homicida. Bajo el discurso de estar conteniendo un intento de golpe de Estado orquestado por Estados Unidos, el presidente venezolano ha manejado la crisis política como si se tratara de un conflicto armado. El manejo bruto y violento de la política no es algo nuevo en Maduro, pero lo que sí ha sido alarmante es el silencio de América Latina frente a la represión del gobierno venezolano.

Más allá de las ideologías que intenten defender los mandatarios en el subcontinente, los presidentes han firmado en el Pacto de San José una obligación para vigilar la observancia de los Derechos Humanos en cualquier lugar del mundo donde estos puedan estar siendo violentados. Lo que se espera de ellos son pronunciamientos. Si se trata de defender al gobierno venezolano, que así sea como lo ha hecho Evo Morales, pero ¿el silencio? Nada puede ser más cobarde que eso.

El presidente mexicano sigue atesorando su fotografía con el comandante Castro, y poniendo por encima de la defensa del ser humano, los intereses políticos o económicos que podría tener con los países que ahora reprimen al pueblo venezolano. Considerando las características de la situación en Venezuela, podríamos incluso hablar de una invasión internacional, donde un gobierno extranjero (Cuba) está atacando a la población de otro país, con el auspicio del gobierno invadido (Venezuela) ¿No debería la Organización de Estados Americanos ya estar decretando una situación de emergencia en Caracas? ¿Por qué la indiferencia?

El Nuevo Mando Único

Publicado en La Jornada Aguascalientes

No cabe duda que el partido político que gobierna en las entidades sigue siendo la variable más importante cuando se trata de avanzar programas por parte del Ejecutivo Federal. Más allá de las cordialidades diplomáticas propias de cualquier relación entre gobiernos, la capacidad institucional del presidente se difumina si las autoridades locales no tienen motivo aparente para cooperar ¿O qué hace que ahora el programa de Mando Único Policial esté a punto de ser aceptado por veintiséis gobernadores cuando estuvo en el congelador por más de seis años?

Felipe Calderón intentó hasta el cansancio impulsarlo sin mucho éxito. Más allá de decretar un lineamiento que instaba a las policías a mantener una identidad en cómo pintaban sus patrullas y uniformaban a sus agentes, no hubo mayor avance. Los gobernadores, en su mayoría priistas, simplemente no se sumaron a la estrategia.

De manera paralela durante ese sexenio se quintuplicó la nómina de la policía federal y se creó una academia de policía profesional con procesos y protocolos estandarizados. Comparado contra lo que había antes de Calderón, fue un avance importante. En el aspecto informático, se creó la Plataforma México que, más allá de sus críticas sobre quién fue el proveedor ganador de la licitación, ha funcionado como un mecanismo para unificar los insumos y consultas de datos y operaciones rutinarias de las policías en todo el país. Hoy al menos se pueden rastrear los antecedentes de una placa de otro estado por cualquier policía que esté adscrito al sistema, y eso es algo que hace diez años no existía.

Hubo críticas, tal vez la más fuerte fue el poder que tuvo en sus manos el secretario de Seguridad Pública, y la reticencia de los gobernadores a darle aún más a un personaje que en varias ocasiones estuvo en el escándalo público por sus excesos. Pudo ser un error mantenerlo por tantos años y acrecentar su imagen de intocable. La confianza de los gobernadores hacia Los Pinos se deterioró también cuando hacia el final del sexenio comenzó a levantarse la imagen de que desde el CISEN y la PGR se intentaban ganar elecciones. Las persecuciones judiciales de Hank Rhon durante las elecciones en Baja California, y de Eugenio Hernández en la elección federal de 2012 tuvieron una sospechosa coincidencia que muchos consideraron de mal gusto.

Si el problema fue de confianza, es interesante saber que ahora los gobernadores sí tienen fe en Osorio Chong, y que la puerta al Mando Único está abierta. El pasado 8 de febrero el mismo secretario de Gobernación anunciaba que se enviaría una iniciativa de reforma constitucional al Senado tan pronto se tuviera la unanimidad de las treinta y un entidades y el Distrito Federal. Hablar de unanimidad en tiempos democráticos no es poca cosa. La afinidad partidista puede ser una buena parte de la historia, pero ¿qué más está en la mesa? ¿Por qué los gobernadores ahora renuncian con tanta facilidad a su poder más tangible, como es el control de su fuerza pública? El caso Michoacán y la creciente incapacidad de los gobiernos estatales para enfrentar estas crisis los podría estar haciendo tomar la salida fácil.

Tal vez es una motivación legítima y genuina la de cambiar hacia una sola corporación que revise los asuntos policíacos, con una base de datos y una estrategia. Habrá sin duda debilidades en este nuevo modelo, tales como la poca preparación y conocimiento sobre territorio donde los agentes serán desplegados, pero a mi juicio las ventajas serán mayores. El aspecto político parece estar resuelto en este sexenio, pero tendremos que ver qué pasará cuando algún otro partido llegue a Los Pinos, o si los gobiernos locales comienzan a ser ganados por la oposición, tal como sucedió durante los noventa. Entonces, la reforma constitucional ya habría sido aprobada y los gobiernos locales no tendrían mucho margen de maniobra.

La coyuntura política de un partido con mayorías legislativas y con fuerte presencia en los estados podría ayudar a pasar una iniciativa que, de hacerse bien, traerá estabilidad a cómo se maneja la seguridad pública en nuestro país. Un sexenio después, pero qué bueno que se esté empujando esta agenda.

El bache y el parche

Publicado en El Norte

¿Cómo enderezar el vínculo electoral en nuestros políticos? No es una pregunta retórica que busca una respuesta simple, sino una invitación a reflexionar un problema que constantemente padecemos en Nuevo León, y puedo aventurarme a decir que sucede en todo el país. Los políticos están pensando en la próxima elección sin dedicar el esfuerzo que deberían al cargo por el que fueron elegidos. Tampoco se trata de ignorar que al vivir en una democracia, nuestros políticos busquen un futuro, pero, ¿dónde está el límite para que estos personajes gobiernen en el presente y no solo para su futuro?

Cada uno de ellos tiene legítimas aspiraciones que cumplen con una función política importante. La rendición de cuentas y la capacidad del electorado para evaluarlos están ligadas con ellas. Sin embargo, los municipios que gobiernan reflejan un panorama desalentador en servicios públicos básicos como pavimentación y alumbrado público, ¿no deberían ser cartas de presentación que les preocupe mantener en buen estado? ¿Por qué no es así? ¿Por qué prefieren gastar millones para recorrer noticieros locales y tomarse la foto con señoras y niños en lugar de cumplir con el cargo que juraron servir?

En los ochenta y principios de los noventa tomó relevancia la teoría de la ventana rota, introducida en las ciencias sociales por los profesores Wilson y Kelling. El principio básico es que si un objeto luce deteriorado, genera la percepción de abandono y por lo tanto aumenta la impresión de que a nadie le importará si es vandalizado. Decían estos autores que una ventana rota en un edificio hará que en cuestión de horas, otras ventanas también sean destruidas ¿Qué pasa con una ciudad que luce descuidada, cuyos servicios son malos, la limpieza y el orden siguen siendo la excepción antes que la regla, y sus responsables se la pasan en constante campaña política? Los baches proliferan por la ciudad y la solución es mandar un camión que parche lo que la siguiente lluvia se llevará. La ciudad se deteriora y la actitud de nuestros políticos al respecto es de un cinismo preocupante. El costo que está teniendo para nuestra calidad de vida no se limita a sus oportunidades políticas, sino que nos impacta a todos de manera incuantificable.

Este problema se encuentra en el centro del debate en la administración pública ¿cómo hacer para que la sociedad tenga mejores controles sobre sus representantes? La discusión pasa desde su participación en la asignación y evaluación de los presupuestos, hasta la capacidad para sancionar acciones contrarias a los intereses de quienes lo eligieron, no es casualidad que nuestros políticos sigan dejando fuera el tema de la revocación de mandato en nuestra Constitución.

Aún sin cambios en la ley, deberían pensar que la peor sanción que puede recibir un político es la próxima elección, pero algo falla en nuestra fórmula para Nuevo León. Los que se perfilan para candidatos a la gubernatura no lucen preocupados por mantener un municipio en buen estado como plataforma política, y menos en escuchar a la población que les presenta quejas que siguen sin solucionarse ¿Creerán que sus estructuras clientelares son suficientes para ganar la elección? ¿Eso es lo que les dicen los números en el pasado? Deberían mirar dos veces, pues hace tiempo que en Nuevo León un alcalde no gana la gubernatura.

El deterioro de la ciudad debería ser la mayor preocupación de quienes gobiernan estos municipios. Su desempeño en el gobierno es un reflejo de lo que serán en su próximo cargo, e idealmente sería nuestro insumo al momento de decidir por quién votaremos en 2015. Hay plataformas ciudadanas en Nuevo León que han dado seguimiento puntual a quiénes están cumpliendo con lo que se comprometieron en campaña, y quiénes tristemente prefieren hacer más caso a sus asesores de imagen. Siguen pensando que al electorado se les compra con pan y circo. 

La delgada línea

Publicado en La Jornada Aguascalientes

La Secretaría de Hacienda tiene la firme consigna de hacer pagar a los contribuyentes por las buenas o por las malas. La muestra más evidente fue el padrón de deudores y tramposos, que puso la presión social del lado del ciudadano para al menos manchar la imagen de aquéllos que no están cumpliendo con sus obligaciones. Aunque hace falta trabajar el producto final y agregar algunas empresas que claramente están recibiendo un trato diferenciado, el objetivo es bueno y la estrategia efectiva.

Parte de las estrategias que están utilizando para presionar a los contribuyentes incluye la revisión de los permisos que deben tramitar los dueños de yates que están estacionados en marinas del país. Aunque el trámite es relativamente barato con el equivalente a cincuenta dólares al año, el formato que tradicionalmente se había utilizado era uno de importación de autos. Ahora los dueños se enteran de la peor manera que, aunque siempre pagaron el impuesto correspondiente, están siendo castigados por un error que se le podría atribuir a la propia oficina de aduanas. Los agentes están realizando desde el año pasado confiscaciones que más que ayudar a las arcas mexicanas, está dañando el sector turismo de México. La imagen del país se deteriora ante el temor de que un vehículo que en ocasiones puede pasar el millón de dólares, pueda perderse por un permiso de cincuenta dólares.

Todas las proporciones guardadas, pero el año pasado un caso similar llegó a la prensa internacional. El presidente francés Francois Hollande decidió imponer impuestos más altos contra la población francesa. El argumento, similar al que ahora está utilizando Peña Nieto, era que el crecimiento económico nos iba a costar a todos. En reacción Gerard Depardieu, uno de los actores más influyentes del cine francés, se pronunció contra estas medidas, y tomó la decisión de migrar a otro país. La solución a los problemas económicos no necesariamente tiene que pasar a través de hacer más rico al gobierno. Siguiendo una metáfora que se ha hecho famosa en las redes sociales, no se puede intentar cargar un balde si estamos parados adentro de él, por más que lo hagamos con mucha fuerza. Los impuestos tienen el mismo efecto, y en ocasiones las prácticas para lograr una mejor recaudación obran como balazos a los pies.

El cuento de la baja recaudación cuando nos comparamos contra los países de la OCDE ya es viejo y trillado. Bajo este argumento se han firmado incontable cantidad de acuerdos legislativos para hacer más duras las penas contra los que no pagan. El problema sigue siendo el mismo, el sector informal de la economía es una fuente inagotable de mordidas para todos los funcionarios que supuestamente se dedican a regular el comercio. Si realmente quiere recaudar más, tienen que encontrar mecanismos que permitan la regularización a través de cuotas únicas a estos comerciantes, o hacer más sencillo el pago de los impuestos. Obligar a que los comerciantes ambulantes e informales a que tengan que acceder a Internet para emitir facturas electrónicas con certificado fiscal y cadena de seguridad no es una estrategia realista.

El problema fiscal en México pasa por un entendimiento débil del funcionamiento de la economía. Las ocurrencias siguen sucediendo, en lugar de plantear propuestas simples y generales para todos los contribuyentes, y donde la recaudación suceda de manera automática y sin la necesidad de agentes y cobradores que terminan lastimando más a la economía que los pocos pesos que puedan recuperar. Por lo pronto tendríamos que preguntar a la Secretaría de Hacienda qué va a hacer con todos esos yates que ahora descansan en sus bodegas, y cuánto realmente le va a costar al país en número de turistas que dejarán de venir. Como dice el dicho, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, y la estrategia fiscal del gobierno actual comienza a revelar algunos de sus fantasmas. 

Pretty Me

Publicado en Jornada Aguascalientes

El capital de un político frente a una elección está en su capacidad para ser reconocido por sus posibles electores. Las oportunidades para que pueda aumentar este capital son realmente pocas, y en la medida que la comunicación entre representantes-representados tenga que pasar cada vez más por medios masivos, éstas no solo se vuelven pocas sino muy caras.

El dilema de los políticos que necesitan ser reconocidos para sobrevivir en la próxima elección los lleva a pensar en una salida que está haciendo mucho daño a los presupuestos públicos, y que en ocasiones podríamos presumir que raya en la ilegalidad.

Los legisladores en México han sido duros contra quienes puedan estar utilizando fondos públicos para promocionarse a sí mismos. Especialmente durante el sexenio de Vicente Fox la propia Suprema Corte se pronunció para obligar a las dependencias a aclarar que los mensajes del gobierno eran públicos y que no buscaban la promoción de ningún funcionario público. Sin embargo, más allá de eso, las oficinas de procuración de justicia poco han hecho para sancionar a nuestros políticos.

Entiendo el problema en el que los hemos metido. Si yo fuera político, probablemente también buscaría cualquier estrategia para aparecer en los medios y así aumentar mis probabilidades para ser reconocido por el electorado. El problema, nuevamente, es que estas estrategias pasen por los fondos públicos que podrían ser utilizados para resolver problemas reales de las comunidades que gobiernan, más allá de sus ambiciones personales.

Pongo un ejemplo en la mesa. Cada vez que vemos la inauguración de un programa de gobierno, nuestros políticos gastan cientos de miles de pesos para instalar los letreros que van detrás del pódium. Los llamados banners con elegantes tipografías y colores no pueden faltar, incluso cuando se trata de programas que buscan atenuar la pobreza o que intentan repartir algunas mochilas o útiles escolares para niños de escasos recursos. No hablo de situaciones hipotéticas, sino de ejemplos que he visto en el último año.

Termina un funcionario municipal sus funciones y tiene legítimas aspiraciones para ser el próximo gobernador. Por ley, todos los funcionarios tienen derecho a presentar un informe anual donde expongan sus logros y retos por venir. Todo bien hasta ahí pero ¿qué pasa cuando este informe viene aparejado con anuncios por las calles en espectaculares que cuestan entre veinte a treinta mil pesos mensuales, y que explícitamente exponen su cara con mensajes “electoralmente rentables”? ¿Es parte del informe saber lo que ya sabemos, o lo que no queremos saber?

La vanidad parece ser uno de los pecados más comunes en estos personajes. Esto es algo que tampoco podemos combatir de manera realista, pero al menos deberíamos poder controlar cuando se trata de nuestros impuestos ¿Han visto últimamente los anuncios que nos recetan diputados y senadores? Más allá de lo banal de los anuncios, estos personajes de verdad parecen estarse creyendo eso de que les debemos la vida y el poder ver el sol cada mañana. Quisiera que alguien me tache de exagerado después de analizar el contenido de los mensajes que mandan a sus departamentos de publicidad.

De alguna manera el debate pasa entre las ventajas de prohibir cualquier mensaje de políticos que se pague con nuestros impuestos (salvo cuando se trata de emergencias de sanitarias o de protección civil), a rescatar lo importante que podría resultar mantener las áreas de comunicación social como medidas de rendición de cuentas. Sé que no es una decisión fácil.

Sean informes de labores, recordatorios de lo bien que hacen las cosas desde sus ámbitos de poder, letreros de fondo en los pódiums, o simplemente unos segundos al aire en cualquier noticiero de la localidad, nuestros políticos están jugando su juego ¿Qué estamos haciendo como sociedad para contener esta extroversión mal encauzada?

Legítimas sus aspiraciones políticas, pero también legítimo nuestro deseo para que nuestros impuestos sean mejor gastados que reproduciendo sus caras en nuestras calles.  

Las agendas ocultas

Publicado en Jornada Aguascalientes

El ciudadano intenta entender al gobierno a través de al menos dos fuentes: sus discursos y acciones. Normalmente la primera es muy bien cuidada por decenas de asesores en comunicación y secretarios particulares, pero la segunda tiende a ser más simple y revela con más claridad las agendas ocultas que el gobierno tiene.

El mejor ejemplo de esta semana ha sido la promulgación de la reforma financiera por el presidente Peña. Se vende como un triunfo para el sistema financiero mexicano y como la oportunidad para que finalmente la banca otorgue más créditos a los mexicanos, pero una vez que se pone atención a lo aprobado, no queda más que preguntarse quién fue el verdadero beneficiado por esta reforma.

Decían los banqueros que no prestaban porque en las leyes no había certeza para que los prestadores pudieran recuperar en caso de deudores morosos, y eso los hacía elevar las tasas de interés para poder asumir el riesgo. La realidad es que los bancos en México no prestan porque no tienen que hacerlo. Mejor ejemplo no pudimos tener en 2009, cuando los bancos estadounidenses y españoles en el mundo reportaban dramáticas pérdidas mientras que sus subsidiarias mexicanas no paraban de reportar ganancias de dos dígitos ¿Por qué? ¿Acá la crisis financiera global no afectó? ¿Tuvimos un mercado financiero lo suficientemente sólido como para que se cumpliera la profecía del catarrito que tan famoso hizo a nuestro ahora gobernador del Banco de México Agustín Carstens? No.  La realidad fue mucho más simple. Los bancos en México ganan dinero por las comisiones que cobran. Basta poner atención a los estados de cuenta que nos hacen llegar cada mes para percatarnos de ello.

Desde hace cuatro sexenios los bancos en nuestro país viven en una luna de miel producto del rescate del FOBAPROA/IPAB. Sus carteras vencidas fueron absorbidas por los contribuyentes y los bancos rematados a capitales extranjeros. Desde entonces, y con la falsa justificación de la poca confianza, los bancos han mantenido una actitud rentista sin asumir riesgos reales ¿Para qué prestar si con las comisiones basta y sobra? ¿Para qué bajar las tasas si los mexicanos siguen adquiriendo tarjetas de crédito que pagan entre cuarenta y setenta por ciento de interés?

Y aquí comienza el problema entre el discurso y las acciones. Dice el presidente que su principal objetivo es promover la economía. El mismo tiempo que hace esto, presenta una reforma fiscal que sigue cobrando más a los mismos sin aumentar la base gravable, y que pone más presión precisamente sobre el sector más vulnerable a los cambios. Aunado a esto, presenta una reforma financiera cuyo principal mérito es que los bancos ahora podrán solicitar a los jueces el embargo e incluso encarcelamiento de deudores, mientras el resto de la estructura financiera sigue intacta. Traducción, más facilidades a los cobradores para seguir extorsionando al tiempo que los bancos no se ven obligados por ningún lado a prestar su verdadera función en la economía.

Ante esta discrepancia podemos asumir dos hipótesis: la falta de una estrategia coherente o la presencia de agendas que podrían estar contraviniendo la “agenda oficial” que se muestra en sus discursos. Más allá del círculo cercano al presidente no habrá quién conozca esto con certeza, pero las acciones nos pueden revelar algunos datos ¿Por qué se vería inclinado el presidente a favorecer a estos grupos de manera tan abierta y sin una clara compensación para el sector verdaderamente afectado en esta ecuación? Normalmente se puede dibujar la estrategia oculta siguiendo a los beneficiados en una política. En este caso ¿Quiénes son los verdaderos ganadores?

Al tiempo que no paramos de ver elogios en la prensa internacional para el presidente mexicano, podemos comenzar a entender hacia dónde se están dirigiendo los regalos de nuestro mandatario y su equipo de trabajo. Las próximas reformas nos seguirán dando luz sobre esto.