noviembre 03, 2010

Las trampas de la transparencia

En México se aprobó en 2002 la ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. En su propio nombre lleva el pecado que la he hecho convertirse en un ejercicio ostentoso e inútil, casi tanto como el propio instituto federal electoral. Las dependencias gubernamentales tienen dos excusas que utilizan frecuentemente, y que nos ha hecho caer en un proceso de desencanto general hacia su aprovechamiento.

Primera excusa: información que no se encuentra publicada. Si la dependencia considera que no tiene documentos publicados sobre la inquietud, fácilmente puede justificarse así. Aunque la información se trate de actividades que la oficina de gobierno realice, su respuesta sobre no tener publicado un documento que responda a la solicitud es suficiente para el IFAI y sus instancias locales.

Segunda excusa: información reservada. Cuando al gobierno y sus respectivas oficinas se les antoja, pueden lanzar la reserva de información sin ni siquiera tener que justificar el motivo, salvo para la memoria histórica una vez que termine la reserva de ley. Bajo este pretexto se han protegido solicitudes sospechosas y muy delicadas, sí. Pero también se ha aprovechado la reserva para denegar información que compromete situaciones que no tienen que ver con la seguridad del gobierno o de la nación, sino del funcionario que así será exhibido en actos de corrupción.

Lo detengo aquí porque se espera que ésta sea una de varias entregas sobre el tema. Creo que resulta elemental quebrar la noción de "transparencia" como una dádiva del gobierno a la cual somos merecedores cuando la gracia del funcionario así lo considera correcto. El IFAI ha sido hasta este momento un organismo obeso e irrelevante para la transparencia en nuestro país, pues la misma ley permite a las dependencias gubernamentales sacarle la vuelta a sus obligaciones.

Un ejercicio como Open Government debe pasar por etapas. De nada sirve si no existen las condiciones mínimas de rendición de cuentas, como obligaría una Auditoría Superior independiente, y una ciudadanía preocupada por el tema, ambos asuntos que espero desarrollar en otros escritos. Como vimos en éste, el asunto más básico de respuesta a las solicitudes se encuentra entrampado (literalmente), pues la transparencia sigue siendo voluntad graciosa del soberano y sus cortesanos.