febrero 25, 2014

Silencio latinoamericano

Treinta y dos mandatarios guardaron silencio sobre la situación de Derechos Humanos en Cuba durante la reciente cumbre de la CELAC en La Habana. Algunos, incluido el nuestro, buscaron al comandante para tomarse la foto con él y ponerla en sus recuerdos. Hoy el aparato represor en Venezuela utiliza miembros del ejército cubano y burócratas infiltrados en toda la administración pública bolivariana para reprimir las protestas en Caracas y otras ciudades de aquel país.
¿Hasta dónde llega la responsabilidad por el silencio? Sebastián Piñera de Chile es el único que hasta este momento ha hecho un pronunciamiento formal en contra de la situación del gobierno de Nicolás Maduro. Incluso él que ahora levanta la voz, guardó silencio frente a lo que sucedía en Cuba mientras los distinguidos jefes de gobierno cenaban y eran hospedados en los mejores hoteles de la isla.
Venezuela y Cuba tienen años en una estrategia política y económica que busca hacer un frente contra lo que ellos llaman el intervencionismo yanqui en América Latina. Cada persona es libre de asumir la posición que quiera respecto a este asunto, y cada mandatario lo hará también en función de lo que su pueblo le haya indicado en la última elección. La realidad es que más allá de las críticas a su propuesta política y económica, han establecido bases diplomáticas que a lo largo de las últimas dos décadas se han mantenido coherentes, con crisis y exabruptos como cualquier otro proyecto político, pero han sobrevivido.
El problema ha sido otro. Bajo el hueco discurso de la autodeterminación de los pueblos, Cuba ha sostenido un régimen de terror contra aquellos que buscan una alternativa política a lo que el régimen, en Cuba y en Venezuela, llama Revolución. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, y bajo el acuerdo económico implícito de que la revolución cubana se sostiene con el petróleo venezolano, los poderes tanto en La Habana como en Caracas han entretejido una amistad que ahora rebasa los acuerdos comerciales y diplomáticos.
Desde hace años, pero con mayor frecuencia en los últimos días, la oposición venezolana ha denunciado la presencia de militares cubanos encubiertos en las protestas de los jóvenes ¿Hasta qué punto las manos del ejército cubano están manchadas de sangre venezolana? Desde el 12 de febrero que comenzaron las manifestaciones contra el gobierno de Maduro por el encarcelamiento de líderes de la oposición, la respuesta oficial ha sido desproporcionada, violenta y homicida. Bajo el discurso de estar conteniendo un intento de golpe de Estado orquestado por Estados Unidos, el presidente venezolano ha manejado la crisis política como si se tratara de un conflicto armado. El manejo bruto y violento de la política no es algo nuevo en Maduro, pero lo que sí ha sido alarmante es el silencio de América Latina frente a la represión del gobierno venezolano.
Más allá de las ideologías que intenten defender los mandatarios en el subcontinente, los presidentes han firmado en el Pacto de San José una obligación para vigilar la observancia de los Derechos Humanos en cualquier lugar del mundo donde estos puedan estar siendo violentados. Lo que se espera de ellos son pronunciamientos. Si se trata de defender al gobierno venezolano, que así sea como lo ha hecho Evo Morales, pero ¿el silencio? Nada puede ser más cobarde que eso.
El presidente mexicano sigue atesorando su fotografía con el comandante Castro, y poniendo por encima de la defensa del ser humano, los intereses políticos o económicos que podría tener con los países que ahora reprimen al pueblo venezolano. Considerando las características de la situación en Venezuela, podríamos incluso hablar de una invasión internacional, donde un gobierno extranjero (Cuba) está atacando a la población de otro país, con el auspicio del gobierno invadido (Venezuela) ¿No debería la Organización de Estados Americanos ya estar decretando una situación de emergencia en Caracas? ¿Por qué la indiferencia?

El Nuevo Mando Único

No cabe duda que el partido político que gobierna en las entidades sigue siendo la variable más importante cuando se trata de avanzar programas por parte del Ejecutivo Federal. Más allá de las cordialidades diplomáticas propias de cualquier relación entre gobiernos, la capacidad institucional del presidente se difumina si las autoridades locales no tienen motivo aparente para cooperar ¿O qué hace que ahora el programa de Mando Único Policial esté a punto de ser aceptado por veintiséis gobernadores cuando estuvo en el congelador por más de seis años?
Felipe Calderón intentó hasta el cansancio impulsarlo sin mucho éxito. Más allá de decretar un lineamiento que instaba a las policías a mantener una identidad en cómo pintaban sus patrullas y uniformaban a sus agentes, no hubo mayor avance. Los gobernadores, en su mayoría priistas, simplemente no se sumaron a la estrategia.
De manera paralela durante ese sexenio se quintuplicó la nómina de la policía federal y se creó una academia de policía profesional con procesos y protocolos estandarizados. Comparado contra lo que había antes de Calderón, fue un avance importante. En el aspecto informático, se creó la Plataforma México que, más allá de sus críticas sobre quién fue el proveedor ganador de la licitación, ha funcionado como un mecanismo para unificar los insumos y consultas de datos y operaciones rutinarias de las policías en todo el país. Hoy al menos se pueden rastrear los antecedentes de una placa de otro estado por cualquier policía que esté adscrito al sistema, y eso es algo que hace diez años no existía.
Hubo críticas, tal vez la más fuerte fue el poder que tuvo en sus manos el secretario de Seguridad Pública, y la reticencia de los gobernadores a darle aún más a un personaje que en varias ocasiones estuvo en el escándalo público por sus excesos. Pudo ser un error mantenerlo por tantos años y acrecentar su imagen de intocable. La confianza de los gobernadores hacia Los Pinos se deterioró también cuando hacia el final del sexenio comenzó a levantarse la imagen de que desde el CISEN y la PGR se intentaban ganar elecciones. Las persecuciones judiciales de Hank Rhon durante las elecciones en Baja California, y de Eugenio Hernández en la elección federal de 2012 tuvieron una sospechosa coincidencia que muchos consideraron de mal gusto.
Si el problema fue de confianza, es interesante saber que ahora los gobernadores sí tienen fe en Osorio Chong, y que la puerta al Mando Único está abierta. El pasado 8 de febrero el mismo secretario de Gobernación anunciaba que se enviaría una iniciativa de reforma constitucional al Senado tan pronto se tuviera la unanimidad de las treinta y un entidades y el Distrito Federal. Hablar de unanimidad en tiempos democráticos no es poca cosa. La afinidad partidista puede ser una buena parte de la historia, pero ¿qué más está en la mesa? ¿Por qué los gobernadores ahora renuncian con tanta facilidad a su poder más tangible, como es el control de su fuerza pública? El caso Michoacán y la creciente incapacidad de los gobiernos estatales para enfrentar estas crisis los podría estar haciendo tomar la salida fácil.
Tal vez es una motivación legítima y genuina la de cambiar hacia una sola corporación que revise los asuntos policíacos, con una base de datos y una estrategia. Habrá sin duda debilidades en este nuevo modelo, tales como la poca preparación y conocimiento sobre territorio donde los agentes serán desplegados, pero a mi juicio las ventajas serán mayores. El aspecto político parece estar resuelto en este sexenio, pero tendremos que ver qué pasará cuando algún otro partido llegue a Los Pinos, o si los gobiernos locales comienzan a ser ganados por la oposición, tal como sucedió durante los noventa. Entonces, la reforma constitucional ya habría sido aprobada y los gobiernos locales no tendrían mucho margen de maniobra.
La coyuntura política de un partido con mayorías legislativas y con fuerte presencia en los estados podría ayudar a pasar una iniciativa que, de hacerse bien, traerá estabilidad a cómo se maneja la seguridad pública en nuestro país. Un sexenio después, pero qué bueno que se esté empujando esta agenda.

El bache y el parche

Publicado en El Norte

¿Cómo enderezar el vínculo electoral en nuestros políticos? No es una pregunta retórica que busca una respuesta simple, sino una invitación a reflexionar un problema que constantemente padecemos en Nuevo León, y puedo aventurarme a decir que sucede en todo el país. Los políticos están pensando en la próxima elección sin dedicar el esfuerzo que deberían al cargo por el que fueron elegidos. Tampoco se trata de ignorar que al vivir en una democracia, nuestros políticos busquen un futuro, pero, ¿dónde está el límite para que estos personajes gobiernen en el presente y no solo para su futuro?

Cada uno de ellos tiene legítimas aspiraciones que cumplen con una función política importante. La rendición de cuentas y la capacidad del electorado para evaluarlos están ligadas con ellas. Sin embargo, los municipios que gobiernan reflejan un panorama desalentador en servicios públicos básicos como pavimentación y alumbrado público, ¿no deberían ser cartas de presentación que les preocupe mantener en buen estado? ¿Por qué no es así? ¿Por qué prefieren gastar millones para recorrer noticieros locales y tomarse la foto con señoras y niños en lugar de cumplir con el cargo que juraron servir?

En los ochenta y principios de los noventa tomó relevancia la teoría de la ventana rota, introducida en las ciencias sociales por los profesores Wilson y Kelling. El principio básico es que si un objeto luce deteriorado, genera la percepción de abandono y por lo tanto aumenta la impresión de que a nadie le importará si es vandalizado. Decían estos autores que una ventana rota en un edificio hará que en cuestión de horas, otras ventanas también sean destruidas ¿Qué pasa con una ciudad que luce descuidada, cuyos servicios son malos, la limpieza y el orden siguen siendo la excepción antes que la regla, y sus responsables se la pasan en constante campaña política? Los baches proliferan por la ciudad y la solución es mandar un camión que parche lo que la siguiente lluvia se llevará. La ciudad se deteriora y la actitud de nuestros políticos al respecto es de un cinismo preocupante. El costo que está teniendo para nuestra calidad de vida no se limita a sus oportunidades políticas, sino que nos impacta a todos de manera incuantificable.

Este problema se encuentra en el centro del debate en la administración pública ¿cómo hacer para que la sociedad tenga mejores controles sobre sus representantes? La discusión pasa desde su participación en la asignación y evaluación de los presupuestos, hasta la capacidad para sancionar acciones contrarias a los intereses de quienes lo eligieron, no es casualidad que nuestros políticos sigan dejando fuera el tema de la revocación de mandato en nuestra Constitución.

Aún sin cambios en la ley, deberían pensar que la peor sanción que puede recibir un político es la próxima elección, pero algo falla en nuestra fórmula para Nuevo León. Los que se perfilan para candidatos a la gubernatura no lucen preocupados por mantener un municipio en buen estado como plataforma política, y menos en escuchar a la población que les presenta quejas que siguen sin solucionarse ¿Creerán que sus estructuras clientelares son suficientes para ganar la elección? ¿Eso es lo que les dicen los números en el pasado? Deberían mirar dos veces, pues hace tiempo que en Nuevo León un alcalde no gana la gubernatura.


El deterioro de la ciudad debería ser la mayor preocupación de quienes gobiernan estos municipios. Su desempeño en el gobierno es un reflejo de lo que serán en su próximo cargo, e idealmente sería nuestro insumo al momento de decidir por quién votaremos en 2015. Hay plataformas ciudadanas en Nuevo León que han dado seguimiento puntual a quiénes están cumpliendo con lo que se comprometieron en campaña, y quiénes tristemente prefieren hacer más caso a sus asesores de imagen. Siguen pensando que al electorado se les compra con pan y circo.