La clase política no aprende nada. Eso me queda bastante claro mientras veo que todo se organiza en torno al linchamiento del candidato más popular del PAN para ocupar la gubernatura en Nuevo León. Parece que no hay vuelta atrás, pero así también parecía en 2005 cuando el otro candidato popular fue intentado pasar por la "justicia legislativa" de nuestros diputados.
La situación parece ser muy diferente. Mientras que al candidato presidencial sólo le pudieron demostrar una negativa a una resolución judicial sobre la construcción de un camino a un hospital, a Madero parece que le han encontrado varios desvíos, entre los que destaca un cobro indebido a una empresa de publicidad en puentes peatonales, además de una enorme cantidad de reclamos de representantes de organismos intermedios sobre "cuotas" cada vez más elevadas para permisos de cambio de uso de suelo en la oficina de desarrollo urbano.
Nuevamente el error es pensar que una autoridad tiene control sobre todo lo que sucede en su administración. En varias ocasiones he expresado mi punto de vista a este respecto. Adalberto Madero tiene posibilidades de estar enterado de lo que sucedía en Desarrollo Urbano, pero también hay la posibilidad de que se estaban pidiendo donaciones sin que pasaran por la oficina del alcalde. Mientras que no se le demuestre lo contrario el único responsable en todo caso podría ser el titular de la oficina señalada.
También, si el caso amerita una sanción penal contra el presidente municipal, la estrategia huele más a un intento electoral por impedir que un candidato popular (aunque a muchos no les guste que así sea) llegue a la boleta el 6 de julio próximo. Las implicaciones para el sistema político de nuestro país ya las vimos, pero parece que queremos seguir intentándolo. Según esta experiencia, agredir por medios judiciales a candidatos populares sólo provoca que éstos se fortalezcan, y es probable que eso veamos en las próximas semanas a medida que le permitan a Madero posicionarse como víctima de su propio partido y de la clase política en Nuevo León.
Significa un retroceso más para la democracia en este Estado. El problema no es que se castigue a un político que cometa irregularidades, eso no está en cuestionamiento. Lo que sí resulta hipócrita es esta agresión jurídica contra un candidato al que probablemente tienen miedo de no poder derrotar en las urnas. Significa una imperfección de la democracia que podría ser utilizada cada vez con mayor frecuencia con el peligro que esto significa. Porque si se trata de llevar a la justicia a políticos con antecedentes dudosos muy pocos podrían salir bien librados de los que ahora se intentan candidatear, empezando por el que anda ofreciendo zonas protegidas a desarrollos inmobiliarios a cambio de su apoyo. Si se está intentando un movimiento purificador de la clase política, que se haga con todas sus consecuencias. Si se trata de un golpe político sólo para evitar que Madero llegue a la candidatura, entonces el que pagará las consecuencias no será él, sino el sistema político y la confianza que supuestamente tenemos sobre la imparcialidad de la justicia en nuestro Estado.