enero 17, 2011

¿Al juez o a la familia?

Arturo Cano dio una entrevista la mañana del 17 de enero a Carmen Aristegui respecto a una investigación que hizo sobre La Familia Michoacana. Algunas de sus conclusiones no fueron ninguna sorpresa, tristemente. La organización criminal existe, funciona y es reconocida por la sociedad michoacana como una instancia alternativa de impartición de justicia.

La principal tesis que se manejó fue relativa a la ineficacia o abierta corrupción de los órganos institucionales. Si la gente ya no cree en el juez, puede presentarse ante el "Vito Corleone" michoacano y pedirle ayuda para resolver un problema de deudas, un esposo golpeador, una disputa de tierras. La decisión de La Familia vendrá con un grupo de sicarios que harán entrar en razón al agresor a través de la violencia y la amenaza, o finalmente la muerte.

Esta feudalización de nuestra república la hemos visto a lo largo y ancho del territorio nacional. El debilitamiento del Estado nos trae nuevas formas de convivencia que no se alejan mucho de las reglas que funcionaron durante siglos, antes de la creación del Estado. La asociación con los señores que pueden garantizarnos protección a cambio del tributo, la obediencia y la lealtad sumisa se vuelve la moneda de cambio para este tipo de sociedades. En la medida en que el deterioro de las instituciones se haga más grave, los señores tendrán cada vez mayor presencia e importancia.

El proceso que parece inevitable nos obliga a tomar decisiones rápidas. Mientras intentamos mantener instituciones que solo sirven de fachada a costos altísimos, los empleados de estas organizaciones fortalecen lealtades alternas y muchas veces contrarias al propio objetivo de su organización. Aquí podemos encontrarnos policías, ministeriales, jueces, agentes aduanales, y un largo etcétera, que son aceptados en sus posiciones debido a un ejercicio de simulación por todos entendido [me resisto a cambiar esta última palabra por "aceptado"], y parece que así "ha funcionado siempre y ha funcionado bien".

El problema viene cuando los señores de siempre se debilitan. Las lealtades comienzan a entrecruzarse, y los entendimientos se vuelven confusos para un grupo enorme de ciudadanos y burócratas. Las luchas por el poder en los más altos niveles provocan que al servir a un señor, se esté en franca línea de fuego con el resto de los señores. La feudalización de nuestra república [también me resisto a poner esta última palabra entrecomillada] nos encamina a un choque donde seguramente surgirán nuevos liderazgos alternativos (legales e ilegales) con los cuales deberemos tomar decisiones nuevas de lealtades y simulaciones.

El caso michoacano se vuelve un largo escalofrío para cualquiera que lo quiera ver con atención. Sus consecuencias más inmediatas se ven en el semblante abatido del gobernador actual, que no sabe ya si culpar a la federación por haberle ido a sacudir el avispero, o a sus propios empleados que poco a poco se fueron embarrando de esas lealtades cruzadas. Desconozco si él mismo también, pero ahí está el caso de su medio hermano como fuerte señal de alerta.

Esta situación debe plantearnos reflexiones mucho más profundas que las simplistas conclusiones del gobierno federal. Tienen que plantearse preguntas sí de Estado de Derecho, que resulta vital para la sobrevivencia de nuestro Estado, pero también preguntas de factibilidad, de capacidad, de mínimos indispensables para garantizar la convivencia.

Este cáncer no se sostiene por sí solo, necesita de la sociedad para alimentarse. Existe un porcentaje grande de la población mexicana que ha tomado la decisión de lealtad y simulación contrario a los principios constitucionales que supuestamente nos hacen existir.

Una solución puede ser combatir con todo y contra todos la sobrevivencia de la noción institucional de nuestro Estado. Otra puede ser reflexionar seriamente sobre nuestros "nuevos" contratos sociales y asumirnos en ellos con todas sus consecuencias. Para como vamos, al parecer la desintegración social nos obligará asumir esa posición de una manera cada vez más individual. O para decirlo de manera más simple ¿a quién le llevaré mis problemas: al juez o a la familia?

enero 11, 2011

Dilema ciudadano

No sé qué sea más injusto, si descubrir que debo seguir pagando tenencia por una torcida visión de equidad social donde los malvados capitalistas deben ser castigados por tener un auto más nuevo que 2006, o descubrir que la única forma que tengo para defenderme frente a un Estado por todos los medios ineficiente, obeso y autista, es renunciar al pago de mis impuestos y por lo tanto a mi derecho a exigirle que cumpla con sus objetivos más mínimos.

Si decido ser parte de la resistencia civil a través del no pago de la tenencia, me enfrentaré con la difícil situación de ser un free rider en esta sociedad que requiere más y no menos ciudadanos comprometidos. Los recursos que no pagaría harían todavía más débil al gobierno que apenas y puede enfrentar la creciente amenaza del crimen organizado y otros problemas igual de graves.

Si decido pagar, no haría más que permitir que este gobierno siga gastando nuestros recursos de manera soberbia. Los gastos por imagen no hacen más que dispararse año con año (y eso que apenas llevamos dos). Los gastos por transportación aérea del gobernador se han vuelto una infame muestra de su falta de sensibilidad (o del más mínimo instinto de supervivencia); y ni cómo defenderlo cuando con recursos públicos se está pagando uno de los edificios más altos de América Latina, construido por acreedores amigos del partido en el poder.

El dilema en que se me ha puesto es enorme. Cualquier decisión que tome tiene consecuencias negativas en mi conciencia y en mi estado de ánimo. El gobierno no debería orillarnos a esta situación, sin embargo ya lo ha hecho y ahora tenemos que decidir con qué demonio queremos dormir.