La autonomía fue la panacea después de la ciudadanización del Instituto Federal Electoral. Se confundió con rendición de cuentas, y pensamos que una cosa llevaría a la otra. Hoy que vemos al IFE convertido en un espantapájaros me pregunto si podríamos llevar a la PGR por ese mismo camino.
Parece que los partidos encontraron la clave. La autonomía está sujeta a cualquier modificación legal o constitucional que se les ocurra. Los nombramientos deben pasar por los líderes de las bancadas. La mutilación de un instituto autónomo incómodo es una amenaza real.
¿Imaginan una fiscalía que deba pasar por el filtro de los diputados que no han sido capaces (o no han querido) nombrar a los tres consejeros del IFE desde hace ocho meses? ¿O que deba pedir su presupuesto a quienes siguen enfrascados en batallas electorales antes que en la agenda legislativa? Peor aún si vemos la fortísima dependencia que tienen los diputados hacia los gobernadores que en no pocas ocasiones incurren en graves faltas al código penal y a la ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
La contraparte es la Procuraduría actualmente atada al capricho del presidente de la república. No recuerdo un solo titular del Ejecutivo que no haya hecho uso político de la procuración de justicia, persiguiendo opositores incómodos.
Parece que la solución tendría que pasar por un filtro más amplio. Apoyemos la creación de una fiscalía autónoma sí, pero vayamos más allá ¿por qué no, tal como sucede en Estados Unidos, proponemos que el Fiscal sea elegido por el electorado? Y si este modelo nos funciona ¿por qué no hacemos lo mismo para tantas otras instituciones hoy secuestradas? Pienso en el IFE, en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión Federal de Competencia ¿se me va alguna?