enero 29, 2014

La delgada línea


La Secretaría de Hacienda tiene la firme consigna de hacer pagar a los contribuyentes por las buenas o por las malas. La muestra más evidente fue el padrón de deudores y tramposos, que puso la presión social del lado del ciudadano para al menos manchar la imagen de aquéllos que no están cumpliendo con sus obligaciones. Aunque hace falta trabajar el producto final y agregar algunas empresas que claramente están recibiendo un trato diferenciado, el objetivo es bueno y la estrategia efectiva.

Parte de las estrategias que están utilizando para presionar a los contribuyentes incluye la revisión de los permisos que deben tramitar los dueños de yates que están estacionados en marinas del país. Aunque el trámite es relativamente barato con el equivalente a cincuenta dólares al año, el formato que tradicionalmente se había utilizado era uno de importación de autos. Ahora los dueños se enteran de la peor manera que, aunque siempre pagaron el impuesto correspondiente, están siendo castigados por un error que se le podría atribuir a la propia oficina de aduanas. Los agentes están realizando desde el año pasado confiscaciones que más que ayudar a las arcas mexicanas, está dañando el sector turismo de México. La imagen del país se deteriora ante el temor de que un vehículo que en ocasiones puede pasar el millón de dólares, pueda perderse por un permiso de cincuenta dólares.

Todas las proporciones guardadas, pero el año pasado un caso similar llegó a la prensa internacional. El presidente francés Francois Hollande decidió imponer impuestos más altos contra la población francesa. El argumento, similar al que ahora está utilizando Peña Nieto, era que el crecimiento económico nos iba a costar a todos. En reacción Gerard Depardieu, uno de los actores más influyentes del cine francés, se pronunció contra estas medidas, y tomó la decisión de migrar a otro país. La solución a los problemas económicos no necesariamente tiene que pasar a través de hacer más rico al gobierno. Siguiendo una metáfora que se ha hecho famosa en las redes sociales, no se puede intentar cargar un balde si estamos parados adentro de él, por más que lo hagamos con mucha fuerza. Los impuestos tienen el mismo efecto, y en ocasiones las prácticas para lograr una mejor recaudación obran como balazos a los pies.

El cuento de la baja recaudación cuando nos comparamos contra los países de la OCDE ya es viejo y trillado. Bajo este argumento se han firmado incontable cantidad de acuerdos legislativos para hacer más duras las penas contra los que no pagan. El problema sigue siendo el mismo, el sector informal de la economía es una fuente inagotable de mordidas para todos los funcionarios que supuestamente se dedican a regular el comercio. Si realmente quiere recaudar más, tienen que encontrar mecanismos que permitan la regularización a través de cuotas únicas a estos comerciantes, o hacer más sencillo el pago de los impuestos. Obligar a que los comerciantes ambulantes e informales a que tengan que acceder a Internet para emitir facturas electrónicas con certificado fiscal y cadena de seguridad no es una estrategia realista.


El problema fiscal en México pasa por un entendimiento débil del funcionamiento de la economía. Las ocurrencias siguen sucediendo, en lugar de plantear propuestas simples y generales para todos los contribuyentes, y donde la recaudación suceda de manera automática y sin la necesidad de agentes y cobradores que terminan lastimando más a la economía que los pocos pesos que puedan recuperar. Por lo pronto tendríamos que preguntar a la Secretaría de Hacienda qué va a hacer con todos esos yates que ahora descansan en sus bodegas, y cuánto realmente le va a costar al país en número de turistas que dejarán de venir. Como dice el dicho, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, y la estrategia fiscal del gobierno actual comienza a revelar algunos de sus fantasmas. 

enero 23, 2014

Pretty Me

Publicado en Jornada Aguascalientes

El capital de un político frente a una elección está en su capacidad para ser reconocido por sus posibles electores. Las oportunidades para que pueda aumentar este capital son realmente pocas, y en la medida que la comunicación entre representantes-representados tenga que pasar cada vez más por medios masivos, éstas no solo se vuelven pocas sino muy caras.

El dilema de los políticos que necesitan ser reconocidos para sobrevivir en la próxima elección los lleva a pensar en una salida que está haciendo mucho daño a los presupuestos públicos, y que en ocasiones podríamos presumir que raya en la ilegalidad.

Los legisladores en México han sido duros contra quienes puedan estar utilizando fondos públicos para promocionarse a sí mismos. Especialmente durante el sexenio de Vicente Fox la propia Suprema Corte se pronunció para obligar a las dependencias a aclarar que los mensajes del gobierno eran públicos y que no buscaban la promoción de ningún funcionario público. Sin embargo, más allá de eso, las oficinas de procuración de justicia poco han hecho para sancionar a nuestros políticos.

Entiendo el problema en el que los hemos metido. Si yo fuera político, probablemente también buscaría cualquier estrategia para aparecer en los medios y así aumentar mis probabilidades para ser reconocido por el electorado. El problema, nuevamente, es que estas estrategias pasen por los fondos públicos que podrían ser utilizados para resolver problemas reales de las comunidades que gobiernan, más allá de sus ambiciones personales.

Pongo un ejemplo en la mesa. Cada vez que vemos la inauguración de un programa de gobierno, nuestros políticos gastan cientos de miles de pesos para instalar los letreros que van detrás del pódium. Los llamados banners con elegantes tipografías y colores no pueden faltar, incluso cuando se trata de programas que buscan atenuar la pobreza o que intentan repartir algunas mochilas o útiles escolares para niños de escasos recursos. No hablo de situaciones hipotéticas, sino de ejemplos que he visto en el último año.

Termina un funcionario municipal sus funciones y tiene legítimas aspiraciones para ser el próximo gobernador. Por ley, todos los funcionarios tienen derecho a presentar un informe anual donde expongan sus logros y retos por venir. Todo bien hasta ahí pero ¿qué pasa cuando este informe viene aparejado con anuncios por las calles en espectaculares que cuestan entre veinte a treinta mil pesos mensuales, y que explícitamente exponen su cara con mensajes “electoralmente rentables”? ¿Es parte del informe saber lo que ya sabemos, o lo que no queremos saber?

La vanidad parece ser uno de los pecados más comunes en estos personajes. Esto es algo que tampoco podemos combatir de manera realista, pero al menos deberíamos poder controlar cuando se trata de nuestros impuestos ¿Han visto últimamente los anuncios que nos recetan diputados y senadores? Más allá de lo banal de los anuncios, estos personajes de verdad parecen estarse creyendo eso de que les debemos la vida y el poder ver el sol cada mañana. Quisiera que alguien me tache de exagerado después de analizar el contenido de los mensajes que mandan a sus departamentos de publicidad.

De alguna manera el debate pasa entre las ventajas de prohibir cualquier mensaje de políticos que se pague con nuestros impuestos (salvo cuando se trata de emergencias de sanitarias o de protección civil), a rescatar lo importante que podría resultar mantener las áreas de comunicación social como medidas de rendición de cuentas. Sé que no es una decisión fácil.

Sean informes de labores, recordatorios de lo bien que hacen las cosas desde sus ámbitos de poder, letreros de fondo en los pódiums, o simplemente unos segundos al aire en cualquier noticiero de la localidad, nuestros políticos están jugando su juego ¿Qué estamos haciendo como sociedad para contener esta extroversión mal encauzada?


Legítimas sus aspiraciones políticas, pero también legítimo nuestro deseo para que nuestros impuestos sean mejor gastados que reproduciendo sus caras en nuestras calles.  

Las agendas ocultas


El ciudadano intenta entender al gobierno a través de al menos dos fuentes: sus discursos y acciones. Normalmente la primera es muy bien cuidada por decenas de asesores en comunicación y secretarios particulares, pero la segunda tiende a ser más simple y revela con más claridad las agendas ocultas que el gobierno tiene.

El mejor ejemplo de esta semana ha sido la promulgación de la reforma financiera por el presidente Peña. Se vende como un triunfo para el sistema financiero mexicano y como la oportunidad para que finalmente la banca otorgue más créditos a los mexicanos, pero una vez que se pone atención a lo aprobado, no queda más que preguntarse quién fue el verdadero beneficiado por esta reforma.

Decían los banqueros que no prestaban porque en las leyes no había certeza para que los prestadores pudieran recuperar en caso de deudores morosos, y eso los hacía elevar las tasas de interés para poder asumir el riesgo. La realidad es que los bancos en México no prestan porque no tienen que hacerlo. Mejor ejemplo no pudimos tener en 2009, cuando los bancos estadounidenses y españoles en el mundo reportaban dramáticas pérdidas mientras que sus subsidiarias mexicanas no paraban de reportar ganancias de dos dígitos ¿Por qué? ¿Acá la crisis financiera global no afectó? ¿Tuvimos un mercado financiero lo suficientemente sólido como para que se cumpliera la profecía del catarrito que tan famoso hizo a nuestro ahora gobernador del Banco de México Agustín Carstens? No.  La realidad fue mucho más simple. Los bancos en México ganan dinero por las comisiones que cobran. Basta poner atención a los estados de cuenta que nos hacen llegar cada mes para percatarnos de ello.

Desde hace cuatro sexenios los bancos en nuestro país viven en una luna de miel producto del rescate del FOBAPROA/IPAB. Sus carteras vencidas fueron absorbidas por los contribuyentes y los bancos rematados a capitales extranjeros. Desde entonces, y con la falsa justificación de la poca confianza, los bancos han mantenido una actitud rentista sin asumir riesgos reales ¿Para qué prestar si con las comisiones basta y sobra? ¿Para qué bajar las tasas si los mexicanos siguen adquiriendo tarjetas de crédito que pagan entre cuarenta y setenta por ciento de interés?

Y aquí comienza el problema entre el discurso y las acciones. Dice el presidente que su principal objetivo es promover la economía. El mismo tiempo que hace esto, presenta una reforma fiscal que sigue cobrando más a los mismos sin aumentar la base gravable, y que pone más presión precisamente sobre el sector más vulnerable a los cambios. Aunado a esto, presenta una reforma financiera cuyo principal mérito es que los bancos ahora podrán solicitar a los jueces el embargo e incluso encarcelamiento de deudores, mientras el resto de la estructura financiera sigue intacta. Traducción, más facilidades a los cobradores para seguir extorsionando al tiempo que los bancos no se ven obligados por ningún lado a prestar su verdadera función en la economía.

Ante esta discrepancia podemos asumir dos hipótesis: la falta de una estrategia coherente o la presencia de agendas que podrían estar contraviniendo la “agenda oficial” que se muestra en sus discursos. Más allá del círculo cercano al presidente no habrá quién conozca esto con certeza, pero las acciones nos pueden revelar algunos datos ¿Por qué se vería inclinado el presidente a favorecer a estos grupos de manera tan abierta y sin una clara compensación para el sector verdaderamente afectado en esta ecuación? Normalmente se puede dibujar la estrategia oculta siguiendo a los beneficiados en una política. En este caso ¿Quiénes son los verdaderos ganadores?


Al tiempo que no paramos de ver elogios en la prensa internacional para el presidente mexicano, podemos comenzar a entender hacia dónde se están dirigiendo los regalos de nuestro mandatario y su equipo de trabajo. Las próximas reformas nos seguirán dando luz sobre esto.