seguridad y democracia en el sector de las telecomunicaciones

Cuando teóricamente se habla de seguridad democrática se hace un condicionamiento entre una y otra. Para que exista democracia deben tenerse mínimos de seguridad para poder garantizar los procesos democráticos. Al mismo tiempo, una concepción de seguridad que cubra todos los factores que la componen, debe partir de decisiones tomadas bajo principios democráticos. Esta fórmula mutuamente dependiente tiene un particular peso en México en el área de las telecomunicaciones cuando está por decidirse si se le otorga una nueva concesión a Carlos Slim para poder proveer contenido en sus servicios.

Respecto a los mínimos de seguridad, el fortalecimiento de empresas con dominancia cuasi monopólica debe ser considerado como una amenaza latente para la seguridad nacional. El artículo 28 de nuestra Constitución reconoce a las telecomunicaciones como un sector prioritario en el cual el Estado debe tener especial cuidado de que no se formen monopolios, incluso hasta llegar al grado de castigar severamente estas situaciones.

Por el otro, la urgencia que ha mostrado el gobierno federal para detener la posibilidad de que Telmex pueda ofrecer contenido a través de su infraestructura los ha hecho violentar los principios básicos de equidad que cualquier competidor merece, incluso llegando a utilizar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes para bloquear el acceso que el Poder Judicial ya ha reconocido como su legítimo derecho a competir, al menos desde las leyes mexicanas vigentes.

Seguridad y democracia en el sector de las telecomunicaciones deben ir de la mano, al igual que en otros elementos de este concepto. Hemos visto las consecuencias de utilizar la urgencia como excusa, por lo que en este caso tampoco puede ser la solución. Es particularmente irónico que el propio monstruo que el sistema creó para rescatar el sector telefónico en los noventa ahora sea su principal amenaza.