La imaginación es uno de los recursos más difíciles de aprovechar en política pública. Todos suponemos que la tenemos, pero qué complicado es llevarla a las acciones. Romper paradigmas, imaginarse cómo hacer algo de manera distinta a como “siempre se ha venido haciendo” es quizás uno de los retos que tenemos como sociedad. Podemos vernos como hormigas cuyo paso es bloqueado y no sabemos qué hacer hasta que alguien nuevamente toma la iniciativa de reconectarnos. Algo así nos pasa en Nuevo León, y en muchas otras partes del país, al querer sacar adelante proyectos: si algo deja de funcionar nuestra mejor estrategia sigue siendo empujar más fuerte por el mismo camino en lugar de detenernos a pensar en una forma distinta.
El proceso natural para cambiar algo que no funciona es irnos directamente a modificar la Constitución o las leyes reglamentarias. Después de enfrentarnos con el monstruo del cabildeo, los dictámenes, las sesiones ordinarias que nunca son suficientes y las buenas voluntades que se quiebran en el último momento, nos quedamos como en un principio: iniciativas congeladas sin ninguna esperanza de ser siquiera llevadas al pleno, no necesariamente por mala voluntad sino en muchas ocasiones porque detrás de ésta vienen otras iniciativas que seguramente tendrán el mismo resultado. La saturación convierte a nuestras instituciones en máquinas inoperantes.
En el Congreso Local tenemos bloqueadas muy importantes iniciativas que se mueren en el olvido por suponer que ésa es la única forma de sacar adelante asuntos públicos ¿Por qué no intentar sacarle la vuelta a este cuello de botella que nos hemos creado nosotros mismos? ¿Por qué ignorar que el artículo 115 constitucional da amplias facultades a los municipios para reglamentar tantas funciones que conciernen a los vecinos y a su vida diaria? ¿Por qué desgastar tanto la labor de asociaciones civiles y universidades con los diputados cuando se puede buscar trabajar en proyectos piloto que desde un municipio generen inercias exitosas? Los reglamentos municipales pueden ser una excelente oportunidad para enderezar el rumbo en cuanto a participación ciudadana en nuestra ciudad.
La facultad que tienen los cabildos para expedir este tipo de regulaciones ha sido aprovechada en una estrategia “arriba-abajo” al menos en una ocasión exitosamente, durante el paso del Ing. Carlos Jáuregui en la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León. Cuando se tenía la necesidad de reforzar la participación ciudadana en el tema de seguridad, primero desde el Consejo de Seguridad de Nuevo León y posteriormente como titular de esta dependencia, Jáuregui mantuvo la estrategia de negociar la creación de la figura del consejo consultivo de seguridad pública en los reglamentos municipales respectivos de participación ciudadana. Como un segundo paso, se trabajó para la capacitación en la operación y funcionamiento de estos consejos, y donde además tuvo una importante participación y apoyo el trabajo que otros consejos consultivos municipales dieron al proceso, especialmente aquellos que ya tenían varios años trabajando con buenos resultados. Lo que pudo haber sido detenido en un proceso de iniciativa que seguramente seguiría en la congeladora de alguna comisión de trabajo del Congreso, hoy es una realidad en la mayoría de los reglamentos. Quedó pendiente una labor más importante en el proceso de implementación, pero esto podría ser fácilmente retomado desde cualquier frente, ciudadano o gubernamental.
Otro ejemplo exitoso se está dando en el municipio de Santa Catarina. Ahí el reglamento de participación ciudadana creó la figura de las Asociaciones Vecinales (AVES). En un proceso paralelo (y de hecho anterior) al esfuerzo que se dio desde el Consejo de Seguridad de Nuevo León, el reglamento dio facultades especiales no a consejos consultivos, sino a unidades de acción que están en el punto más cercano al ciudadano. Las asociaciones de vecinos fueron reconocidas como el punto de contacto oficial entre el gobierno municipal y los ciudadanos. De esta manera, se generó un incentivo especial para que estos organismos tuvieran una relevancia especial en el proceso de participación tanto ciudadano-gobierno, como ciudadano-ciudadano, aumentando los beneficios de pertenecer a uno para el ciudadano común.
Las limitaciones se encuentran en la necesidad de pasar por varias pequeñas reformas, y la negociación con cada uno de los cabildos se vuelve más costosa para el que promueve los cambios. Sin embargo decidirse por un proyecto piloto cuyos resultados exitosos hablen por sí mismos se vuelve una importante moneda de cambio al momento de negociar con otras instancias. También será más fácil para una asociación civil dar seguimiento a su cabildo que tener que buscar citas con legisladores que, reconozcámoslo, no se caracterizan por su disponibilidad para el ciudadano común.
Los pequeños ejercicios de imaginación pueden resolver de una manera más importante algunos procesos paralizados en nuestro Estado. Aquí el trabajo que como universidades y asociaciones civiles podamos lograr es importantísimo, especialmente en cuanto al aprovechamiento de este recurso que en nosotros debería sobrar.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario