La Ley de Amparo y sus enemigos

Publicado en El Norte

El pasado martes se aprobó en la Cámara de Diputados la nueva Ley de Amparo y algunas modificaciones a leyes reglamentarias del 103 y 107 constitucionales. La decisión ha tenido varias reacciones en grupos económicos que nos hablan del impacto que puede tener en nuestro país. Por ello la aprobación en el Senado se ha vuelto el punto donde convergerán intereses que buscarán detenerla o terminar de impulsarla.

La nueva Ley de Amparo es consecuencia de una reforma constitucional que se dio en junio de 2011. En su momento fue calificada por juristas y académicos como un gran logro. Contiene importantes avances en la protección de los Derechos Humanos.  Primero, los magistrados y ministros ahora están obligados a contemplar no solo la Constitución sino también los tratados internacionales suscritos por México al resolver.

Segundo, el reconocimiento al “interés legítimo” permitirá solicitar la intervención de un juez cuando se demuestren afectaciones sociales sin necesidad de acreditar un perjuicio personal. Esto servirá para detener acciones de autoridad o de otro privado que afectan el medio ambiente, el urbanismo, o el patrimonio de la nación. Sin duda una importante arma para la sociedad civil.

Tercero, la posibilidad de que Ejecutivo y Legislativo soliciten la intervención prioritaria de la Suprema Corte en amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad cuando se justifique el interés social. Con esto se podrá dar rapidez a la resolución de asuntos que estén afectando a la nación y que muchas veces se empantanan por los tiempos judiciales.

Cuarto, y éste tal vez el más relevante de todos, la posibilidad de que el Poder Judicial pueda establecer una declaratoria general de inconstitucionalidad, que permitiría a la sociedad gozar los beneficios de una decisión de este tipo sin necesidad de tramitar un amparo. Esto reducirá la percepción de que la justicia solo beneficia a quienes pueden pagarla.

La reforma también ha permitido ver la fotografía de los grupos de interés en México como hacía años no se manifestaban. Específicamente dentro de la nueva Ley hay un polémico artículo 129 que establece límites a las suspensiones que pueden otorgar los jueces cuando existen perjuicios al interés social. Los diputados agregaron las fracciones once y trece que incluyen a giros negros y concesionarios como sujetos de excepción.

Ha sido interesante observar las estrategias de los grupos afectados con esta decisión, pues desde la semana pasada comenzaron una campaña a través de diversos medios afines a sus grupos, además de un intenso cabildeo en las Cámaras.

Engañosamente han intentado hacer creer que con las modificaciones se está eliminando la suspensión provisional de manera general cuando no es el caso. Ha sido práctica común que dueños de bares, casinos y señores de la televisión y las telecomunicaciones hagan un uso desmedido de suspensiones para seguir operando por encima de la ley. Lo que intentan las fracciones once y trece en el 129 es detener estas estrategias que atentan contra los intereses de la sociedad. 

Para ver el poder que tienen estos grupos basta tomar nota de las votaciones que se dieron en la Cámara de Diputados en lo general, y en lo particular sobre el artículo 129. En lo general la votación fue de 435 votos a favor y 18 en contra. De estos, 14 fueron de Movimiento Ciudadano, 3 del PT y 1 del PRD ¿Por qué la izquierda progresista votaría en contra de esta ley? ¿A quién le están haciendo el favor?

Aún más peculiar fue la votación en lo particular de los cambios propuestos en el artículo 129 que ya he mencionado. Ahí tuvimos en contra 107 de 109 legisladores del PAN, 49 del PRD, 7 del Verde, 4 del PT y los 17 de Movimiento Ciudadano. El principal argumento detrás de su negativa fue que se estaban violentando los derechos de los empresarios con esta decisión ¿Para quién trabajan nuestros diputados?

La Ley de Amparo sería un gran avance para nuestro país en materia de protección a los Derechos Humanos. Tendremos que estar atentos a lo que se decide en el Senado en los próximos días, pero especialmente a los comportamientos de nuestros legisladores. Valdrá la pena recordarles quién los puso ahí, y para quienes deberían estar trabajando.