La Reforma Judicial

En otro round para recordar que se suma con la aprobación del COFIPE ayer en la madrugada, la Cámara de Diputados sacó reformas constitucionales en materia judicial que resultan en avances sorprendentes para nuestro país, sin dejar de lado que existen algunas omisiones y preocupaciones. Falta la aprobación en el Senado pero parece que cuenta con los acuerdos suficientes para pasar sin ningún problema.

Para poder evaluar lo que se ha aprobado tendríamos que comparar con otras dos propuestas. La primera es la que envió al Senado el presidente Calderón en Mayo de este año, y la otra es la propuesta que estaba trabajando, entre otros, Miguel Carbonell.

Al respecto de la primera es evidente que se lograron recoger muchas de las inquietudes. Uno de los mayores aciertos de la reforma recién aprobada es que le regresa a la policía la facultad de investigación, sin que el Ministerio Público pierda el control pero retirando la desafortunada reforma que en 1998 le dio el “monopolio” de la investigación, reduciendo al policía a simple controlador de tráfico y carne de cañón.

También un aspecto esencial que agrega César Camacho al documento final fue la figura de extinción de dominio. Si recordamos a principio de 2007 los movimientos contra las vecindades en Tepito que llevó Marcelo Ebrard utilizaron la figura de la expropiación, obligando al jefe de gobierno a pagar a los delincuentes por sus propiedades. Esto se acabó con esta nueva figura que permitirá a la autoridad administrativa, siempre que pueda demostrar su uso ilícito, confiscarles sus propiedades y mermar su patrimonio. Aunado a la posibilidad de que la procuraduría podrá tener desde ahora acceso a información financiera de los sospechosos por la exención del secreto bancario, fiduciario y fiscal, ésta definitivamente será un arma muy poderosa para la autoridad.

Un acierto más que también fue recogido de la propuesta de Calderón, misma que no puede negar haberse apoyado sustancialmente en una propuesta previa de Alejandro Gertz de 2003, es la aparición de figuras que harán más flexible y eficiente la administración de justicia: los principios de oralidad (juicios orales) y oportunidad (la autoridad podrá decidir qué juicios vale la pena perseguir y cuáles puede reducir sus pasos), así como la aparición de los medios alternativos que permitirán que en delitos menores víctima y culpable acuerden compensaciones económicas y resarcimiento del daño antes que meses perdidos en tribunales.

Finalmente las reformas constitucionales avanzan mucho en los procesos de profesionalización y certificación de los policías y miembros del ministerio público. Aquéllos policías que ahora tendrán la facultad de investigación tendrán que tener probados conocimientos en materia judicial y en derechos humanos. También tendrán que certificarse en conocimiento de las destrezas suficientes para llevar a cabo su trabajo, incluyendo conocimientos sobre labores de inteligencia. En este aspecto pondría un signo de interrogación ante la necesidad de esperar la nueva ley que establezca los principios del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las reformas a la Ley Contra la Delincuencia Organizada para que tenga efectos.

Existen dos desaciertos y un tercero que yo no llamaría como tal pero que ha sido el que más polémica ha causado. Dejaré el más emocionante para el final si me permiten.

El primero de los puntos negativos es que esta reforma no toca un punto medular de la administración de justicia en nuestro país, y ésta es la autonomía del Ministerio Público. Siempre que la oficina persecutoria se enfrenta con el dilema de tener que perseguirse a sí mismo, considerando que el MP es parte del Ejecutivo Estatal o Federal, queda la sensación de que no se utiliza la misma fuerza para cumplir sus compromisos. El hecho de que el gobierno tenga en su poder la persecución del delito se ha prestado para que el gobernante en turno utilice esta amenaza como moneda de cambio para negociaciones políticas generando un clima de impunidad que es evidente para todos; o bien utilizar este poder como elemento de persecución política de sus adversarios. Nada más recordemos como luz de estos dos hechos la resolución de no acción penal contra Mario Marín por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla en el caso de Lydia Cacho o el proceso de desafuero contra López Obrador por parte de la PGR respectivamente. Mientras no avancemos en la autonomía de la procuraduría y sus contrapartes estatales siempre tendremos la justificada duda de pensar que la justicia sólo responde cuando le conviene al titular del Ejecutivo.

El otro elemento que a mi juicio quedó incompleto fue el de la responsabilidad para combatir la delincuencia organizada. Una vez más se ratifica que es únicamente la federación quien puede actuar. La cómoda posición de gobernadores y munícipes frente al crimen organizado ha sido que ellos no tienen competencia para enfrentarlos y legalmente tienen razón. Sin embargo más de un experto ha mencionado que la policía federal no tiene el recurso humano que tienen las policías estatales y municipales para lograr algo contra el apabullante poder del delincuente. Probablemente esto pueda solucionarse en la ley que establece las bases del SNSP pero es esperar demasiado. Mientras no se establezcan responsabilidades expresas (con sus respectivas sanciones en caso de incumplimiento), la policía estatal y municipal podrá seguir fingiendo que nada pasa por su territorio. Ante la imposibilidad de que la policía federal pueda estar en todos lados, me parece una incongruencia y un error que se mantenga la exclusividad del combate a la delincuencia organizada en la federación. Aquí podríamos hacernos la pregunta de porqué no avanzó la propuesta de Calderón de una policía federal única que hubiera solucionado muchos de estos problemas.

Finalmente el último punto fue el de las nuevas facultades que tendrá la PGR de intervenir conversaciones telefónicas, allanar moradas sin orden escrita del juez y los arraigos especiales para el caso de delincuencia organizada, contraria a la propuesta que Carbonell ha venido defendiendo para aumentar la garantía de los derechos humanos. Cabe aclarar que no todo lo que se dice es verdad. Cuando se ha hablado desde hace varias semanas del “retroceso” que esto significa mencionan que cualquier empleado del ministerio público podrá entrar a hogares, intervenir teléfonos y arraigar personas sin ningún tipo de control. Lo que se aprobó esta madrugada fue que el ministerio podrá recibir en casos especiales de urgencia una orden de juez oralmente que posteriormente tendrá que ser ratificada por escrito para cateos, o que en casos especiales cuando las víctimas estén en peligro podrá usarse el arraigo. No es lo mismo aunque parezca.

Lo que sí es preocupante y bien lo señala Carbonell en entrevista anteayer a El Financiero es que la definición de delincuencia organizada no queda muy clara porque habla de delitos que se cometen entre dos o más personas “por lo que robarse una bicicleta entre tres ya puede ser considerada”.

Queda la duda si esto podrá ser utilizado contra movimientos sociales como expresa su preocupación Rosario Ibarra ante el peligro que estas nuevas facultades representan. También si estos cambios no significan un regreso de la policía represora que sufrimos con la Dirección Federal de Seguridad.

Tendríamos que pensar que una propuesta como la que el jueves se aprobó no está peleada con aquélla que varios juristas de la UNAM han estado trabajando. De hecho la mejor manera de complementarla sería reforzando el aspecto garantista de la reforma judicial. Simplemente con mejorar la definición de delincuencia organizada muchos de los vicios de la actual reforma podrían solucionarse. Esperemos que Carbonell y sus muchachos tengan suficiente poder de persuasión dentro del Congreso.

No cabe duda que los momentos difíciles requieren soluciones urgentes como aquéllas que anoche se aprobaron. El avance del crimen organizado es una moneda que el presidente actual ha sabido utilizar inteligentemente para aumentar sus facultades como en esta ocasión nos demuestra. Sin embargo existen suficientes elementos positivos para considerar esta reforma como un acierto de nuestros políticos. Esperemos que las buenas noticias continúen en los próximos meses.