La aprobación del dictamen que crea la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es una buena noticia para el país. Establece por primera una serie de sanciones que pueden significar la diferencia entre la pobre coordinación que actualmente tienen gobiernos locales con el federal, y un verdadero cambio en la cultura del combate coordinado entre diferentes gobiernos.
Si es aprobado tal como viene en el dictamen (escribo el miércoles por la tarde sin saber si será aprobado en la sesión del jueves), facultará al Consejo Nacional de Seguridad Pública para que sancione a aquellos que no cumplan con los compromisos establecidos en este órgano colegiado que pretender ser la máxima decisión para acciones contra el crimen. El castigo puede incluso llegar a ser que no reciban los recursos del ramo 33 correspondientes a la Seguridad Pública. Un golpe mayor para Estados que hasta la fecha siguen recibiendo estos fondos sin rendir las apropiadas cuentas sobre su gasto.
Los mayores quejosos de este asunto siempre han sido los municipios a quienes nunca les han llegado los recursos que asigna el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Un caso particular ha sido el de San Pedro Garza García quien desde hace ya varios años ha mantenido una lucha contra el gobierno de Natividad González porque los recursos nunca terminan de bajar a los municipios mientras se hacen gastos espectaculares y con pocos resultados en compra de patrullas y gastos en prisiones. La respuesta, al menos legal, del gobernador y su equipo es que ellos no están obligados a destinar todo o parte de este recurso para los municipios, sino que ellos reciben en otros ramos el dinero suficiente. Esta lucha podría bien ser resuelta en un CNSP que funcionara adecuadamente, pero más importante, que sancionara al que no cumpla una vez que se tome una resolución. Supongamos que el pleno del CNSP dispone que un porcentaje del FASP debe ir a los municipios y que el gobierno del Estado de Nuevo León decide continuar ignorando la petición, una de las posibles sanciones sería que para el próximo ejercicio el Estado no recibiría dichos recursos.
Una de las peticiones que ha hecho con mayor urgencia el gobierno federal ha sido que la inversión que se está haciendo y que se hará en el futuro para la construcción y mantenimiento de la Plataforma México, sea alimentada por los gobiernos locales. De nada sirve que haya la mejor tecnología al servicio de los policías de todo el país si quienes tienen la información no la alimentan al sistema. Las razones que se han supuesto es que aún no existe la confianza para que sea compartida por policías que probablemente trabajen también para el crimen organizado. Nuevamente, si establecemos los principios sobre los cuales trabajará el CNSP, la confianza será uno de los factores que más crecerá. Se tendrán sin embargo que trabajar candados suficientes para que quede un registro claro que quién accede, qué tipo de información alimenta y qué tipo de información consulta, para eventualmente poder fincar responsabilidades si se hace mal uso de ella.
Nos encontramos en un punto de esta lucha donde sale igual de caro regresar el punto de origen que continuar. La aprobación de esta nueva ley significa el claro entendimiento de los actores políticos sobre esta situación. Establecer sanciones ha sido un paso importante que no podemos dejar de aplaudir. Cuando se trata de buenas noticias de parte de Presidencia y del Congreso también hay que mencionarlas. Sólo esperemos que 1) sea aprobada por el pleno, y 2)sea aprovechada de manera eficiente, pues el establecimiento de sanciones no significa automáticamente que el secretario técnico y el pleno del Consejo decida efectivamente aplicarlas al que no cumpla con sus obligaciones más básicas en la lucha contra la inseguridad.
7 comentarios:
Esto funcionaría, en teoría, si se alimentara información (como tú lo dices). A un amigo mío lo han intentado matar al menos en tres ocasiones porque él sí alimentaba información a donde correspondía (algo que el crimen organizado ve con malos ojos).
El sigue vivo, pero quien sabe si las personas que decidan alimentar información decidan arriesgar su vida por sólo el honor de su uniforme.
Entre más ojos estén observando este ejercicio, más difícil será que la decisión de alimentar o no sea de un oficial y no de la corporación entera. Por supuesto que la corporación tendrá que encontrar formas de garantizar la seguridad de quienes hacen este trabajo. Es una lucha que todavía pinta para ser muy larga pero para mí esta reforma, que espero se apruebe hoy, es una muy buena noticia para el país
Los C4s de Tijuana acaban de ser certificados en ISO9000. Asi que (en teoria) todo se debe documentar. Pero aun asi encontraran la manera de burlar el sistema.
La forma que encontro el jefe de mi amigo de protegerlo es decirle a los narcos que mi amigo si ocultaba informacion (aunque no fue cierto).
Esperemos que esta ley tenga buenos efectos.
Yo sé de buena fuente que en Tijuana, la policia es una subsidiaria del crimen organizado.
También se de buena fuente que en el Gobierno del Estado no tarda mucho para que así lo sea tambien. Es por eso que no me sorprendió en lo más mínimo que el Gobernador tuviera un secretario con nexos con los Beltran Leyva. Lamentable, la verdad.
Lo que va a solucionar el problema es la legalización de las drogas. Todo lo demás es comentario.
Una base de datos actualizada y confiable deberia ser el cimiento de cualquier organización. Es de ahí de donde se nutren las decisiones y a partir de ella es como podemos calcular avances y proponer metas para el futuro.
Es ilógico que en México cada organización policial tenga la propia, que los esfuerzos de unos no valgan mas que en su zona. Una base de datos compartida seria el inicio de una nueva era.
Batz, el problema de tener tanta información en manos del gobierno es el saber quién la usa y para qué. ¿Se respeta la privacidad de los ciudadanos con toda esa información? Y si la información llega a manos del narco, que considerando lo corrupto que es nuestro gobierno, llegará de seguro, ¿qué hará el narco con ella?
El potencial para mal-usar la información es infinito. Y, ¿quien nos protege?
Los gobiernos municipales de Tijuana tradicionalmente han sido aliados del Cartel Arellano Felix, asi como el gobierno estatal.
Pero ultimamente el CAF se ha dividido en dos facciones y ademas existe el Cartel del Golfo.
Algunos funcionarios del gobierno estatal son aliados de uno y otros del otro cartel.
Ahora el gobierno federal (a pesar de estar infectado de corrupcion) ha hecho de lado a los gobiernos locales para lograr las aprehensiones al narco (incluyendo el G1).
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