Gobierno de Jueces

Publicado en el Sexto Piso

Desde que Platón comenzara en su “República” a hablar de tipos de gobierno, ésta ha sido una de las costumbres más enraizadas del pensador ocioso: ¿Qué es mejor? No pretendo responder, sino nada más poner algunas anotaciones polémicas que espero me disculpen ustedes.

En los últimos años hemos visto la evolución del sistema político hacia formas más perfectas de democracia. Siguiendo la visión modernista de desarrollo, siempre aspiramos a mejores estadios de sociedad conforme el tiempo va pasando. Tenemos pues esa costumbre de jamás considerar que podemos tomar rumbos equivocados.

El viernes tuvimos la visita de Pedro Salazar Ugarte de la UNAM, quien nos vino a contar una interesante historia. Hablando de cambios políticos, hemos sido testigos de la ausencia del presidente, y de la parálisis de los Congresos para ofrecer resultados. En cambio hemos contemplado el ascenso del tercer y único poder que la democracia ha dejado relativamente en paz. Los once ministros se han convertido en el consejo de gobierno ante la falta de acuerdos entre los partidos políticos. Las resoluciones de la Suprema Corte, auto-erigida como Tribunal Constitucional a juicio de Salazar, se han convertido en la forma de hacer los cambios constitucionales e “interpretaciones” necesarias a la constitución.

La pregunta que nos dejaba al final de su exposición era ¿Quién debe tener la última palabra? La tendencia en México se está dando en el sentido que los legisladores aprueban una ley, y ya se vuelve costumbre que termine en el Tribunal para su interpretación de si es o no constitucional la misma a través de la impugnación de los que quedaron en desacuerdo con la votación. Al final quienes están tomando las decisiones por todos son once ministros. Peor aún cuando se trata de votaciones divididas, pues sólo ocho de ellos toman las decisiones que nos afectan, y ni siquiera existe recurso alguno de revisión de las resoluciones de la Suprema Corte, por lo que el Legislativo (y el país entero) queda a expensas de esa última revisión.

Un caso notorio se está dando en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Más allá de las risibles amenazas de la Iglesia Católica respecto a excomulgar a todos aquellos que aprueben el legítimo derecho al aborto de la mujer en las primeras semanas, una tercera parte de ese recinto legislativo ya ha confirmado que la ley aprobada irá a la Suprema Corte, y esto se dice inclusive antes de discutirla en el Pleno. Aprovecho nuevamente para aplaudir el progresismo que hemos visto en esta Legislatura del DF. Tanto la ley de sociedades de convivencia como esta nueva iniciativa que de aprobarse nos remiten a iniciativas de avanzada en materia social a nivel mundial.

Alguna vez me quedé yo también en ese ensimismamiento propio de la pregunta de qué tipo de gobierno es mejor que mencioné al principio. En alguna ocasión pensé en el semipresidencialismo pero luego ya no me gustó tanto. Luego pensé en un presidencialismo acotado como ahora se le dice (suena bonito, ¿no?). Finalmente mis últimas reflexiones habían ido en el sentido de que los Tribunales deberían tener un papel más importante en la vida política del país. Si tomábamos en cuenta estas recomendaciones entonces no tendríamos que pasar por esos engorrosos procesos de Reforma del Estado (La etiqueta que junto con la Reforma Fiscal siempre asustan a la gente) ¿Para qué si a través de resoluciones judiciales podemos ir puliendo nuestro andamiaje jurídico a la nueva realidad? Si revisamos la evolución de las Constituciones Locales en Estados Unidos podemos percatarnos que no fue a través de reformas sino por medio de interpretaciones que se han hecho muchos de los cambios. Actualmente encontramos tribunales activos que van asemejando con cada resolución más el texto jurídico a la realidad social. Esa es una virtud que no puede negársele al Poder Judicial y que empieza a tomar preponderancia en nuestro país. Por ejemplo, en México ya decidimos que el presidente puede “vetar” el presupuesto de egresos mediante una resolución de la Suprema Corte. Eso sin siquiera pasar por las dos lecturas del Congreso, el dictamen de la comisión, la aprobación en la Cámara de Origen, el mismo ejercicio en la Cámara revisora, y luego si es que fuera el caso la aprobación de 17 Congresos Locales. En menos de seis meses sentamos un precedente.

Me imagino que aquí es donde saltarán nuestros demócratas más activos ¡Si para algo tenemos a nuestros representantes, para que tomen este tipo de decisiones! En cierta forma se vuelve una verdad innegable que los jueces se han dado cuenta de su poder al interpretar leyes. Lejos de una pasividad cómoda, ellos han aprovechado el activismo político que les permite no tener que estar en la lucha partidista que consume a las Cámaras.

El aspecto positivo es que la parálisis en nuestro país ha encontrado una rendija por la cual escurrirse en asuntos relevantes. La mala noticia es que son ocho jueces los que se han vuelto los representantes de la soberanía popular. No quería mencionarlo porque se podía malinterpretar mi escrito, pero ahí también está el ejemplo del 8 de Septiembre de 2006 ¿Se acuerdan quiénes decidieron quién sería el presidente de la república? Con todo y que ellos mismos aceptaban que la elección había sido peligrosamente amenazada por los grupos empresariales y el presidente Fox, el voto de siete magistrados fue suficiente para que Calderón llegara a la presidencia. Disculparán el reduccionismo de mi argumento pero quería darle un énfasis emocionante a mi texto antes de proceder a la conclusión.

El Gobierno de Jueces apenas comienza a ser una realidad, como nos comentó Salazar Ugarte (cabe aclarar que él nunca mencionó este término). Las implicaciones serán muchas, tanto positivas como negativas. El poder que comienza a tener la Suprema Corte y sus Tribunales es el mismo que tanto el Congreso como el presidente se han negado a ejercer. La resultante es que el poder irremediablemente tiene que estar en algún lado. Ya he mencionado en otros escritos que éste puede estarse yendo hacia los gobernadores o incluso hacia los grupos de poder no reconocidos constitucionalmente. Los jueces también están demandando su rebanada del pastel y parece que vienen a tomarla en serio. No digo que sea esto una amenaza en sí misma, pero hay que tomar con cuidado los contrapesos que ahora no se están dando en nuestro país. Lo peor que puede pasar es que ocho ministros decidan que las mujeres no pueden abortar en el DF cuando la mayoría de los representantes legítimos de la población decidieron que sí podían hacerlo. Terminamos con otra pregunta sugestiva ¿Quién vigila a los vigilantes?