La Ley de Amparo y sus enemigos

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El pasado martes se aprobó en la Cámara de Diputados la nueva Ley de Amparo y algunas modificaciones a leyes reglamentarias del 103 y 107 constitucionales. La decisión ha tenido varias reacciones en grupos económicos que nos hablan del impacto que puede tener en nuestro país. Por ello la aprobación en el Senado se ha vuelto el punto donde convergerán intereses que buscarán detenerla o terminar de impulsarla.

La nueva Ley de Amparo es consecuencia de una reforma constitucional que se dio en junio de 2011. En su momento fue calificada por juristas y académicos como un gran logro. Contiene importantes avances en la protección de los Derechos Humanos.  Primero, los magistrados y ministros ahora están obligados a contemplar no solo la Constitución sino también los tratados internacionales suscritos por México al resolver.

Segundo, el reconocimiento al “interés legítimo” permitirá solicitar la intervención de un juez cuando se demuestren afectaciones sociales sin necesidad de acreditar un perjuicio personal. Esto servirá para detener acciones de autoridad o de otro privado que afectan el medio ambiente, el urbanismo, o el patrimonio de la nación. Sin duda una importante arma para la sociedad civil.

Tercero, la posibilidad de que Ejecutivo y Legislativo soliciten la intervención prioritaria de la Suprema Corte en amparos, controversias o acciones de inconstitucionalidad cuando se justifique el interés social. Con esto se podrá dar rapidez a la resolución de asuntos que estén afectando a la nación y que muchas veces se empantanan por los tiempos judiciales.

Cuarto, y éste tal vez el más relevante de todos, la posibilidad de que el Poder Judicial pueda establecer una declaratoria general de inconstitucionalidad, que permitiría a la sociedad gozar los beneficios de una decisión de este tipo sin necesidad de tramitar un amparo. Esto reducirá la percepción de que la justicia solo beneficia a quienes pueden pagarla.

La reforma también ha permitido ver la fotografía de los grupos de interés en México como hacía años no se manifestaban. Específicamente dentro de la nueva Ley hay un polémico artículo 129 que establece límites a las suspensiones que pueden otorgar los jueces cuando existen perjuicios al interés social. Los diputados agregaron las fracciones once y trece que incluyen a giros negros y concesionarios como sujetos de excepción.

Ha sido interesante observar las estrategias de los grupos afectados con esta decisión, pues desde la semana pasada comenzaron una campaña a través de diversos medios afines a sus grupos, además de un intenso cabildeo en las Cámaras.

Engañosamente han intentado hacer creer que con las modificaciones se está eliminando la suspensión provisional de manera general cuando no es el caso. Ha sido práctica común que dueños de bares, casinos y señores de la televisión y las telecomunicaciones hagan un uso desmedido de suspensiones para seguir operando por encima de la ley. Lo que intentan las fracciones once y trece en el 129 es detener estas estrategias que atentan contra los intereses de la sociedad. 

Para ver el poder que tienen estos grupos basta tomar nota de las votaciones que se dieron en la Cámara de Diputados en lo general, y en lo particular sobre el artículo 129. En lo general la votación fue de 435 votos a favor y 18 en contra. De estos, 14 fueron de Movimiento Ciudadano, 3 del PT y 1 del PRD ¿Por qué la izquierda progresista votaría en contra de esta ley? ¿A quién le están haciendo el favor?

Aún más peculiar fue la votación en lo particular de los cambios propuestos en el artículo 129 que ya he mencionado. Ahí tuvimos en contra 107 de 109 legisladores del PAN, 49 del PRD, 7 del Verde, 4 del PT y los 17 de Movimiento Ciudadano. El principal argumento detrás de su negativa fue que se estaban violentando los derechos de los empresarios con esta decisión ¿Para quién trabajan nuestros diputados?

La Ley de Amparo sería un gran avance para nuestro país en materia de protección a los Derechos Humanos. Tendremos que estar atentos a lo que se decide en el Senado en los próximos días, pero especialmente a los comportamientos de nuestros legisladores. Valdrá la pena recordarles quién los puso ahí, y para quienes deberían estar trabajando. 

Bájale a tu música

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Llega la noche y con ella la música. No es el inicio de una melodía famosa o el jingle de algún comercial. Es una triste realidad para cientos de ciudadanos en la zona metropolitana de Monterrey. La convivencia social se ve retada constantemente por la decisión de algunos vecinos por compartirnos sus pasiones musicales al máximo volumen posible, y con las bocinas afuera de sus casas en algunas ocasiones.

El juego parece más una manifestación de poder que un genuino intento por disfrutar música. Todos alguna vez lo hemos padecido, el vecino que acaba de comprar o rentar un karaoke y sus amigos que después de algunas copas se sienten José José; los que computadora en mano descargan música norteña para ambientar no solo su fiesta sino la cuadra completa.

Recientemente ha tomado relevancia el tema desde que en Guadalupe se comenzó a hablar de una multa contra los vecinos que no saben escuchar su música con normalidad. Inmediatamente otros municipios se subieron al tren y ahora parece haber un consenso respecto a la problemática y las consecuencias que puede traer.

Hablemos desde una perspectiva psicológica. La tranquilidad puede ser medida en decibeles pero también en otros indicadores que son menos tangibles. La libertad del goce del silencio no debe negársele a nadie. Los continuos golpeteos de una canción a altas horas de la noche quiebran con esa posibilidad. No se trata únicamente de ruido, imaginemos la cantidad de violencia que acarrea una actitud de este tipo. La convivencia se ve mermada por la prepotencia de aquéllos que consideran que su derecho está por encima del de los demás.

Hablemos desde una perspectiva económica ¿Cuántos recursos se están perdiendo por el mal descanso o por la falta de tranquilidad que este ruido implica? El buen desempeño de un individuo está asociado a varios factores, pero uno de ellos sin duda es haber tenido oportunidad de un buen sueño, a tener tiempo de calidad con su familia y a simplemente decidir cuándo y cuándo no escuchar música, especialmente la música de su gusto y no la de su vecino.

La cuestión de las multas contra los ruidosos puede tener una connotación presupuestal. Para los ayuntamientos estas multas significan ingresos frescos en un momento de precariedad. Los endeudamientos están obligando a las autoridades a buscar dinero hasta donde antes ni nos imaginábamos. Lo importante, sin embargo, no es la razón detrás de la acción sino la consecuencia, al menos en este caso. Los diferentes gobiernos municipales han decidido tomar en serio un problema social que comúnmente ha sido considerado normal en Monterrey. La música y el ruido parece parte de la cultura norteña. Tener la capacidad económica de poseer un reproductor de sonido con potencia es un símbolo de estatus. Viene acompañado con carne asada y consumo de alcohol. La mayoría de las reuniones se hacen en casa y aquél que pone el lugar tiene también el gusto de ser anfitrión, algo que en esta ciudad también tiene un sabor de poder.

No es casualidad que esta cultura coincida con una ciudad en donde la violencia familiar sea una de las más altas del país. Acabo de enumerar algunos elementos de la cultura regiomontana que, combinados, parecen ser ingredientes de agresiones tanto dentro de la casa por el ruido excesivo y el alcohol, así como entre diferentes vecinos. No podemos olvidar la violencia que conlleva estar cerca de esas casas ruidosas, y especialmente cuando los conflictos vienen porque la tolerancia simplemente llegó a su límite y algún vecino se cansó de la situación.

No se trata únicamente de una cuestión de ruido sino del tejido social que tanto ha venido hablando el gobierno y la sociedad civil. La convivencia humana inicia en el respeto al otro. Bajarle un poco a nuestra música es un buen inicio. Pensar que quien vive a un lado mío también tiene derecho a decidir su diversión va de la mano. Bien por los gobiernos municipales que han decidido tomar cartas en el asunto. 

Confusiones democráticas

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Hay una tradición arraigada cuando se trata de culpar a la autoridad de todas nuestras desgracias. Lo traigo a colación porque el sábado tuvimos un evento lamentable que nos podría hacer reflexionar sobre nuestros conceptos de democracia y libertad de expresión.

Las personas tienen derecho a la libre manifestación de sus ideas, me queda claro. En ocasiones la polarización puede llevar a violencia espontánea que aunque no sea justificada, puede ser entendida.

La autoridad también en ocasiones puede reaccionar desproporcionadamente a las acciones iniciales de un contingente ciudadano y esto debe ser sancionado con toda la fuerza de la ley. De la misma manera la violación a cuestiones fundamentales como la propiedad privada y la integridad de las personas debe tener las mismas consecuencias para las personas, sean uniformadas o ciudadanos manifestándose.

Lo que vimos el 1 de diciembre fue una exposición de las peores prácticas en las que pueden incurrir un grupo de personas. Sin provocación inicial, al menos desde las crónicas que he leído hasta este momento, un grupo de manifestantes comenzaron a agredir las vallas que protegían al recinto legislativo donde se iba a dar la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Cargados con explosivos caseros y otras armas, los manifestantes atacaron una y otra vez a las fuerzas policíacas. Mucho se ha mencionado sobre las agresiones a los manifestantes con balas de goma, pero poco se ha dicho que la gran mayoría de los heridos esa mañana fueron policías que estaban haciendo su trabajo.

Se hablará durante semanas de la represión policíaca cuando en realidad lo que fuimos testigos ese sábado fue el abuso de un grupo de delincuentes contra personas uniformadas que también tienen familias y también tienen derecho a su integridad física y emocional.

Desde el lunes que se dio a conocer que 69 de ellos fueron consignados por la autoridad del Distrito Federal por atentados contra la paz pública, un delito grave que va desde 5 hasta 30 años de prisión sin derecho a fianza, muchos grupos han comenzado una denuncia pública contra la supuesta represión a través de las redes sociales.

Deben cuidarse las formas y asegurarnos que cada uno de ellos reciba un debido proceso, pero no creo que el camino sea confundir las manifestaciones con el terrorismo, mucho menos justificar lo que vimos el sábado como una respuesta a la inconformidad por un proceso electoral que ha demostrado haber cumplido formalmente con sus objetivos. Se puede estar o no de acuerdo con lo que el Tribunal Electoral publicó en septiembre, pero eso no significa suponer que las agresiones públicas van a ser tratadas de manera distinta.

Los que llevan años exigiendo una democracia plena deben comenzar pensando en sus propias hipocresías. Hablan de democracia pero no quieren respetar la votación que se dio el 1 de julio. Hablan de justicia pero no quieren que los delincuentes que destrozaron el centro histórico del DF sean sentenciados. Hablan de equidad pero quieren ser medidos con una vara distinta.

Finalmente, si quieren levantarse en armas que lo hagan, pero no por eso deben esperar que el Estado les responda con rosas cuando ellos tienen granadas de fragmentación en sus manos. No confundamos lucha con lo que vimos el sábado. Cada quien sus creencias y sus ideologías pero la democracia debe pasar por el respeto al otro, aunque éste tenga puesto un uniforme de policía o una banda presidencial.

Los indicadores cuando hablamos de inseguridad

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No hay momento de mayor felicidad para el gobierno federal o los gobiernos locales que cuando nos dicen que “atrapamos al máximo líder de los Zetas en la colonia Jaramillo Sur de Apatzingán de los Lagos” (advierto que el lugar es inventado y si llegara a existir pido una disculpa a sus pobladores).

Mientras seguimos padeciendo la violencia y la necesidad galopante de los delincuentes por seguir haciéndose de recursos a costa de los nuestros (con secuestros, robos de carro, robos de casa, etcétera), el anuncio de la captura de un nuevo líder ya comenzamos a verla con cara de “no me ayudes compadre”.

Y el problema puede estar ahí, como en los matrimonios jóvenes, en la comunicación. Porque por más que nos digan que todo esto es por el México de nuestros hijos y el México que todos queremos, parece que hay una disparidad entre lo que ellos quieren y lo que nosotros buscamos.

La fórmula es básica. Las estructuras criminales verticales traen orden. La atomización de los liderazgos cuando capturan o “abaten” a uno, genera reacomodos y éstos violencia. La violencia hace que se necesiten más recursos para seguir manteniendo el poder de fuego (o díganme de qué otra manera van a seguir comprando balas y contratando sicarios). Esa necesidad hace que las víctimas seamos nosotros los ciudadanos que paseamos por la ciudad y tenemos una que otra empresa que a ojo de buen cubero le va bien (suficiente como para pagar un rescate de un millón de pesos sin tanta bronca, pues).

Primero tendríamos que ponernos de acuerdo respecto a qué queremos. El gobierno federal desde que comenzó su cruzada contra la delincuencia puso sus indicadores en número de peces gordos. Entre más capos entregue a la DEA mejor mi política pública. Eso implica mandar a cientos de miles de soldados a las calles a agarrar a todo lo que se mueva sospechoso. Para eso pongo retenes, también compro helicópteros black hawk con visión nocturna y construyo la plataforma de más impresionante de la historia (gracias a Carlos Slim que “patrocinó” el software). La mira puesta en aplastarlos aunque nos llevemos a la ciudad entre las patas. Y así lo dijo Felipe Calderón varias veces “habrá bajas  como en cualquier guerra”.

Eso es lo que quiere el gobierno, pero considerando como aval ciudadano las pasadas elecciones de 2012, no es lo que la gente quiere. De estar en el poder el PAN se fue hasta el tercer lugar en las preferencias electorales y no se desplomó más solo porque terminó dando más miedo el candidato de las izquierdas.

Se votó por el PRI vaya a usted a saber las razones, pero al menos implícitamente podemos suponer que se votó por ese partido porque se esperaban estrategias diferentes en el combate al crimen organizado. Oh sorpresa, que Enrique Peña Nieto anda diciendo estos días por España que las cosas van a seguir igual y que no se para la maquinita de guerra. Dicen que con más inteligencia pero que las bayonetas seguirán siendo el primer rostro de este gobierno al problema.

El gobierno quiere seguir resolviendo el asunto de la delincuencia organizada presentando capos de los Zetas cada tres semanas ¿Alguna vez han hecho el ejercicio de contar cuántas veces han atrapado al máximo líder de los Zetas desde que empezó este gobierno? Bueno, hay que seguir contando porque parece que las cosas no quieren cambiar arriba.

Esta acción gubernamental tiene como objetivo mermar la capacidad del crimen organizado, pero la variable violencia no está en su fórmula. Las acciones van a implicar costos y esos costos discúlpennos ciudadanos y empresarios pero los van a seguir pagando ustedes. Al final, se los juro, nos lo van a agradecer porque sus hijos tendrán un mejor país.

Por eso vuelvo a hacer la pregunta ¿cómo medimos la inseguridad? No es un asunto casual pues mientras el gobierno sigue gastando nuestros impuestos en darse de balazos con los delincuentes la economía en muchas zonas del país se va a la quiebra. Si no pregúntenle a Acapulco, Veracruz o Tampico. O bueno, no nos vayamos tan lejos. La vida nocturna en Monterrey desapareció después de seis años de pensar que solo con soldados y más soldados se iban a resolver las cosas. 

Credibilidad en quiebra

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¿Qué pasa con el Gobernador y su Administración? Muchos nos lo hemos preguntado, especialmente cuando intentamos encajar su discurso color de rosa con la realidad.

Aunque consideremos que puede haber diferentes percepciones, hay indicadores que nos muestran a una Administración que no está logrando sus objetivos y ni siquiera está haciendo un esfuerzo por intentarlo.

Los números que presentó el miércoles ahí están y podrían ser buenas noticias: la Fuerza Civil como la primera Policía estatal certificada del País, la entidad con mayor cobertura en servicios básicos, la reconstrucción de las obras del huracán "Alex" en 96 por ciento de avance.

Educación, vivienda, agua, desarrollo económico, centros de investigación, turismo, empleo, tratamiento de aguas. En cada rubro parece que el Gobernador tiene buenos números ¿Por qué suenan huecos?

Las explicaciones podrían ser varias, pero me atrevo a considerar que hay indicadores de operación e indicadores de sustancia. Aquellos que sabemos van a lograrse independientemente de quién gobierne y aquellos que se logran como producto de voluntad y talento político.

Los regiomontanos son ciudadanos exigentes y no son fáciles de manipular. De ahí derivan algunas de las razones por las cuales este Estado ha llegado a los niveles que cuenta en muchos rubros, como infraestructura, desarrollo económico y calidad de vida. El Gobernador no tiene más que administrar para que sucedan. Diferentes grupos han trabajando en conjunto con el Gobierno para cooperar en el logro de resultados y en el monitoreo para mantener parámetros deseables.

Algo que también hemos visto florecer es una sociedad civil sumamente competitiva y alerta, que ha sabido hacer mancuerna con medios de comunicación para presionar al Gobierno en temas sensibles, como desarrollo urbano y medio ambiente. La sociedad puede colgarse la medalla más que el Gobernador por muchos de los indicadores que el Gobierno presume.

En donde sale debiendo el Gobierno es en aquellos indicadores que he llamado de sustancia, que involucran la intervención más activa del Gobierno y en donde no ha habido resultados favorecedores.

Desde que llegó Rodrigo Medina al Gobierno sentó en tres ejes su Administración: transporte público, seguridad y un Gobierno austero.

El proyecto de la Colonia Independencia que era una de las estrellas del sexenio fue ignorado en su informe y eso es una señal en sí misma de su pobre avance.

La Línea 3 del Metro y otros proyectos de transporte público dependen en buena medida del apoyo federal y la grave situación financiera del Estado hace dudar de su éxito.

El tercer eje ha sido el fracaso más dramático. Este Gobierno no ha sido sensible en el gasto público y el combate a la corrupción. Las nóminas han llegado a un nivel alarmante y no hay señales de que esto vaya a cambiar más allá de promesas vacías.

Por todos lados podemos ver oficinas estratégicas y fideicomisos que consumen los recursos de un Gobierno en bancarrota. Proyectos público-privados y bursatilizaciones que se vuelven sinónimos de depredación de las finanzas públicas e hipoteca de las generaciones futuras. Nulos controles y en general un cinismo que ofende la inteligencia del ciudadano.

Todo esto ha provocado una deuda que ya causó alerta en las calificadoras bursátiles y en la banca privada, que sigue siendo la principal financiadora del Gobierno. En general, el común denominador es corrupción e impunidad que puede verse en decenas de casos que no se abordan con la seriedad que merecen y un Gobierno que le apuesta al olvido.

A pesar de los avances en seguridad, sigue habiendo indicadores muy dolorosos para las familias regiomontanas en secuestros, cobros de piso y asaltos a mano armada. El caso del robo de placas en el Instituto de Control Vehicular causó un cisma en la poca confianza que aún se le podía tener a este Gobierno, pues dejó entrever la posible colusión gubernamental en las operaciones del crimen organizado.

El cúmulo de agravios sólo confirma las razones de por qué este Gobierno cuando habla de logros sólo consigue rechiflas. Los asuntos de sustancia y en donde más podrían estar haciendo han sido ignorados. Los motivos pueden ir desde la incapacidad hasta la complicidad.

Este Gobierno se encuentra atrapado en sus propios discursos y con la única estrategia visible de querernos convencer a base de spots.

No importa, era teibolera

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Hay algo aún más doloroso que la violencia: la indiferencia. Durante el verano fuimos testigos de una cantidad escalofriante de homicidios, la mayoría de ellos se han acomodado en lo que las autoridades, medios de comunicación y muchos de nosotros hemos llamado “la lucha entre las bandas”. Un día sí y el otro también salen los voceros del gobierno del Estado a decir que la última muerte se trató de un ajuste de cuentas, como si eso justificara el hecho y no requiriera de la atención de la autoridad y de la sociedad.

Dentro de esta tragedia tenemos además un grupo que se encuentra especialmente vulnerable. Meseros y bailarinas han sido el objetivo de muchos de estos ataques, y el discurso ha sido por demás indignante. Se trata de mujeres y hombres que en ocasiones ni siquiera tienen una identidad porque se las hemos negado. Las mujeres tienen nombres artísticos porque así les han aconsejado trabajar para ganarse la vida. Se trata de Estrella y de Celeste, de Vania y Violeta. Nombres que esconden no solo a la verdadera persona sino también al parecer su derecho a vivir, o al menos que estos delitos sean investigados con la misma seriedad que cuando se trata de respetados empresarios de la localidad.

Entran pistoleros en la noche y disparan sin discriminación contra meseros y bailarinas. Amanecemos con la nota de que apareció tirada en un lote baldío otra mujer en algún municipio del norte o el poniente de la ciudad. Al día siguiente encontramos a otra mujer tirada en un importante crucero del centro con un balazo en la nuca y un letrero fluorescente. Nunca tienen nombre, ni siquiera un seguimiento a sus historias. Se trata de mujeres que probablemente ni siquiera familia tenían aquí. Venían de Veracruz o de Oaxaca, fueron engañadas porque les prometieron que trabajarían como edecanes o modelos. Existen tantas historias de mujeres que viven esclavizadas por los mismos delincuentes que administran estos negocios nocturnos.

Se trataba de meseros que vendían bolsitas rojas, seguramente los mataron porque traicionaron a los proveedores que venden las bolsitas azules. Fue un ajuste, ese negocio no pagó el piso ¿cuántas otras excusas baratas seguiremos escuchando?

La sociedad regiomontana se encuentra inmersa en un velo de indiferencia que no hace más que perpetuar la existencia de estos delincuentes y todos los que a su alrededor nos hacemos los que no pasó nada. Las víctimas tienen nombre, familia, razones para que se les respete como personas. Es increíble la cantidad de desprecio que se genera cuando se intercambian estas notas en los comentarios de las versiones electrónicos de estos periódicos. No faltan los chistes, las alusiones sexuales a la persona que perdió la vida, comentarios como “de seguro estaba metido en malos pasos” como si eso los hiciera perder su estatus de seres humanos.

Más que la violencia, es la indiferencia lo que está matando a esta sociedad. No nos encontramos atrapados en una guerra entre dos bandas, sino que somos alimentadores de ese mismo odio a lo largo y ancho de nuestra existencia. Nos hacemos los sorprendidos cuando nos enteramos de algún nuevo acto de violencia, pero no encontramos ninguna relación entre ésta y el desprecio que manifestamos hacia personas que se encuentran completamente vulnerables. Ni siquiera nos sorprendemos, casi pretendemos justificar las acciones.

Hace poco el vocero del gobierno del Estado declaró en alusión a la múltiple matanza cometida contra el table dance “Matehuala”. Los muertos fueron únicamente meseros, ningún cliente perdió la vida. Eso tranquiliza a la opinión pública, pues en su lógica ningún inocente perdió la vida. Se trataba de personas que estaban metidas en el negocio y seguramente merecían la suerte que les tocó. Si para algo hemos sido buenos es en convertirnos en jueces sumarios que le niegan a las víctimas el derecho a defenderse.

Se trataba de una teibolera. De seguro repartía droga al mismo tiempo que placer a sus clientes. Se trata de algo que los periódicos y los noticieros no hacen más que sumar en esos recuentos macabros, esa despreciable frialdad de nuestra sociedad. No son humanos, solo eran meseros y bailarinas. Las balas matan pero nuestra actitud termina de sepultar toda nuestra humanidad. 

El alcalde que quería ser diputado

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Ésta podría ser la trama de una película de comedia muy mala, pero aquí la historia no termina cuando se encienden las luces. Ahí les va la sinopsis.

Un Alcalde muy cuestionado por la opinión pública quiere ser Diputado y su partido como pago por favores previos lo postula para un distrito en el cual no podría perder.

Para poder alcanzar ese puesto tuvo que pedir licencia al Cabildo, y se lanzó al ruedo de las campañas. Unas semanas después le notificaron que algunos ciudadanos lo demandaron judicialmente por el abandono de su cargo.

Mientras se le complicaba el triunfo en el distrito que iba a ganar sin problema, se le hace saber que un Juez lo obliga a cumplir con su mandato como Alcalde. El Cabildo primero se encierra y apaga la luz para que no lo encuentren, pero luego manda decir que no pueden hacer volver al Alcalde porque ya habían nombrado a otro.

Los Diputados locales son llamados por el Poder Judicial para deshacer ese nombramiento y así lo hacen. Ya cuando suponíamos que la historia tendría algo de lógica, el Tribunal Electoral manda decir que se esperen porque el Alcalde siempre no tiene que volver.

Nuestro protagonista ahora es Alcalde y Diputado electo, algo que en nuestra Constitución está prohibido pues ningún funcionario público puede ostentar dos cargos al mismo tiempo.

La orden judicial que lo obliga a volver al Cabildo se contrapone a la del Tribunal Electoral que lo dispensa de esa acción. Se trata de una contradicción judicial que huele más a violación flagrante.

Fernando Larrazabal actualmente ya no es elegible para ser Diputado federal porque desde que el Juez lo obligó a volver, la sentencia causó efectos. ¿Cuántos abogados se necesitan para que se cumpla la ley? ¿Y cuántos para burlarse de ella?

Y aún hay una pregunta que revuelve las cabezas de los ciudadanos de Monterrey: ¿quién es el Presidente Municipal?

El Cabildo de esta ciudad ha sido una vergüenza para sus representantes y un ejemplo de ilegalidad con sus acciones esta semana. El traspaso del cargo de Alcalde a terceros y cuartos ha retratado de cuerpo completo el respeto que estos políticos tienen hacia sus cargos y los ciudadanos que representan.

¿Existen consecuencias para estos regidores y síndicos? El Código Penal Federal establece en su Artículo 178 un castigo de 15 a 200 jornadas de trabajo a favor de la comunidad al que desobedezca un mandato legítimo de la autoridad. Todavía hay mucha tierra por sacar del Río Santa Catarina, por si algún Juez quiere hacer cumplir la ley. El Artículo 180 habla de uno a dos años de prisión a quien se resista al cumplimiento de un mandato legítimo de la autoridad.

Roy Godson, catedrático de Georgetown, habla de la necesidad de aplicar castigos ejemplares ante escándalos como los que estamos viviendo en estos días. La importancia de romper con los ciclos de ilegalidad nos haría recuperar algo de credibilidad en las instituciones.

La vida da oportunidades para redimirse. El Tribunal Electoral resolvió de manera equivocada en el caso Larrazabal, pero aún puede detener esta injusticia en la calificación de la elección. El Artículo 55 de la Constitución es muy claro: se necesita estar separado de su cargo 90 días antes de la elección.

La magistratura que ordenó el regreso de Larrazabal podría girar órdenes de presentación contra los miembros del Cabildo de Monterrey que obstruyeron una orden judicial y quisieron burlarse de la ley por proteger a su jefe.

Más allá de un caso, ¿qué vamos a hacer con los chapulines en el futuro? Sin duda los antecedentes de ciudadanos ejemplares en Monterrey y Guadalupe han sentado precedentes para los próximos Alcaldes que se atrevan a fallar en sus obligaciones ¿Cómo obligamos a los próximos para que cumplan con su mandato? ¿Cómo nos preparamos para que no lo vuelvan a hacer en tres años?

La reelección consecutiva para ayuntamientos es un mecanismo urgente para quebrar estos vicios de funcionarios que no pueden ser sancionados por el electorado. Es importante presionar a nuestro Congreso local en ese sentido.

Los electores del Distrito 10 casi logran el castigo más fuerte que puede sufrir un político. Que sea una enseñanza que no se nos olvide en las próximas elecciones.

Los que venden sus votos

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Mucho se ha hablado de quienes compran votos. Se trata de un delito electoral que puede llevar a la cárcel a quien se sorprenda en esta práctica. Está tipificado en el código penal y es la FEPADE la que persigue de oficio. A las autoridades correspondientes les tocará dar seguimiento a esas denuncias y a nosotros como ciudadanos presionar para que se vaya hasta sus últimas consecuencias.

Sin embargo el otro lado de la moneda parece intocable. Para que existan compradores tiene que haber vendedores. Se habla de un ejército de desposeídos que son víctimas fáciles de la manipulación y que en su inocencia no saben lo que hacen. Se trata de justificar y casi de provocar lástima sobre estos ciudadanos que por 500 pesos están vendiendo a su país ¿Realmente estamos en esta situación tan injusta? Yo pienso más bien que el oportunismo lo podemos detectar en ambos lados de la operación financiera, y que los vendedores de sus votos son todo menos víctimas en este problema.

¿Qué haremos para detenerlo? Yo sugiero ser igualmente implacables con quienes venden su voto. Se trata del ejercicio de su ciudadanía que no están respetando ¿Por qué tendríamos que mantener el derecho a votar con personas que tan poco valor le están otorgando ellos mismos? El reconocimiento como ciudadano debería ser algo que la persona se gane y no algo que se regale para que luego lo cambien por un celular.

Propongo que quienes sean sorprendidos en la venta de su voto se les retire de manera permanente ese derecho, al menos hasta que demuestren haber aprendido lo importante que es este ejercicio. Muy seguramente ni siquiera se preocuparán, pero al menos así podremos depurar la lista nominal con aquéllos que verdaderamente tienen interés en votar libre y responsablemente. 

Los gobernadores

El triunfo de Peña Nieto no pudo haberse logrado sin la operación de gobernadores priístas en todo el país, con excepciones como Tamaulipas y Nuevo León donde los titulares fracasaron, pero eso no quiere decir que no lo hayan intentado.

El gasto que hicieron puede notarse como la punta de un iceberg que seguramente en los próximos meses iremos descubriendo. Los escándalos de Monex y Soriana en las operaciones para financiar a los representantes del PRI en las casillas estoy seguro que solo se trata de una pincelada de toda la obra.

No vengo aquí a hablar de eso, sino de los motivos que pudieron haber llevado a estas operaciones.

Las conversaciones reveladas en 2006 entre Elba Esther Gordillo y el entonces gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández (hoy investigado por la SIEDO por presunto lavado de dinero) daban fe de una operación gigantesca perpetrada por los gobernadores priístas para apoyar al entonces candidato Felipe Calderón del PAN. Desde el triunfo de Vicente Fox no había habido grupo político más feliz que los propios gobernadores que por primera vez en la historia no tenían un jefe en Los Pinos.

Los excesos comenzaron desde que Vicente Fox decidió regalar recursos de los remanentes petroleros a las entidades federativas prácticamente sin ningún tipo de fiscalización. Cuando se acabaron los sobrantes petroleros vinieron las deudas para mantener las nóminas infladas y los desvíos para las campañas electorales a gobernadores. Los mapaches se hicieron nacionales, pues se inventó la modalidad de préstamo de operadores de un gobernador a otro que apenas llegaba. Pudimos ser testigos de esto cuando se descubrieron operadores de Nuevo León apoyando el triunfo del PRI en Zacatecas y qué decir de Michoacán donde las operaciones priístas fueron tan abiertas que era vox populi no solo sus gastos sino la intensidad con la que estaban trabajando desde el Estado de México, Veracruz y otras entidades.

¿Por qué en 2006 los gobernadores traicionaron a su propio partido? Parecían muy felices de no tener alguien que los controlara desde Los Pinos, la respuesta parecía lógica. Pero algo pasó durante la administración de Felipe Calderón que los hizo pensar dos veces en apoyar a otro partido en 2012.

Puedo imaginarme que tuvo mucho que ver la campaña de guerra emprendida contra gobernadores priístas especialmente en el norte del país por parte de Calderón. La incomodidad de un jefe del PRI en el Ejecutivo Federal ahora parecía cosa menor frente a las agresiones y acusaciones de complicidad con el crimen organizado que desde Los Pinos se hicieron y que se multiplicaron en la campaña de Josefina Vázquez Mota.

Esta vez los operadores funcionaron a favor de su candidato y Enrique Peña Nieto ganó la presidencia. Pero vienen nuevas preguntas que apenas comenzaremos a observar.

¿Cuáles serán las condiciones sobre las que se sentarán las relaciones entre gobernadores priístas con su presidente? ¿Habrá sana distancia o permitirán que Peña Nieto se involucre en sus asuntos locales? Mi lectura es que el acuerdo de apoyo vino con la condición del respeto. Los pequeños virreyes tendrán garantía de acción y Peña Nieto se dedicará a otros asuntos.

¿Qué tan funcional sería este acuerdo? Tendremos que anotarlo sobre la magnitud y la frecuencia de los excesos de nuestros gobernadores, que parecen ir a la alza en impunidad y en el cinismo con el que se hacen a un lado cuando se trata de perseguir a los culpables de los escándalos.

Irónicamente, la legitimidad de Peña Nieto está apenas sostenida sobre su capacidad de dar resultados en el corto plazo, por lo que seguramente este acuerdo tendrá que ser roto tarde o temprano ¿cómo responderán los gobernadores?

El juego entre gobernadores y presidentes hacía mucho que no era tan interesante en nuestro país. 

Antes y después del debate

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La campaña presidencial se acerca a su fin y pocos podrían negar el final de película que nos espera. Como históricamente sucede en México, el voto se reparte en tres y es hasta el final cuando uno se derrumba. Posicionarse en el segundo lugar se vuelve vital y el debate de hoy servirá para eso.

El debate de hoy tiene como contexto el fortalecimiento de dos actores, el debilitamiento de uno que siempre había sido protagonista y el afianzamiento de otros que parecen la maldición autoritaria de nuestra democracia.

Existe un fenómeno que se repite nuevamente, el del puntero rebasado. Recordemos a Labastida brindando con su esposa en 2000 y a López Obrador declarándose ganador en 2006, memorias de que el poder en México es cruel con quien lo desea demasiado. Aún es una incógnita si Peña Nieto tiene suficiente para sostenerse ahí tres semanas.

Primero hablemos de los fortalecidos. Los estudiantes universitarios se levantaron contra los dueños de la televisión y su intento por seguir manipulando la información. El vehículo para su expresión coincide con el surgimiento de las redes sociales, tan difíciles de controlar. Esta vez les explotó en la cara pero una vez que termine la elección seguramente nuestros legisladores, siempre atentos a sus propios intereses, buscarán regular su uso.

El otro que ha jugado magistralmente es el gobierno de Estados Unidos, quien desde la DEA intenta golpear al puntero. Tomás Yarrington fue la manzana envenenada y al PRI no le quedó más que deslindarse de un importante operador electoral en Tamaulipas. La persecución contra los colaboradores de Moreira los debe tener muy nerviosos ante lo que parece una abierta estrategia de guerra ¿Vendrán otros escándalos estas semanas?

El debilitado no puede ser otro que Televisa. Su credibilidad queda muy cuestionada ante la aparición en The Guardian del escándalo sobre los pagos del gobierno del Estado de México a esa televisora para un trato favorecedor al candidato del PRI. Las baterías de #yosoy132 han ido contra sus periodistas y la forma tan burda como han intentado proteger a su candidato. El vergonzoso papel que jugaron estos comunicadores el miércoles pasado en el programa Tercer Grado contra López Obrador no hizo más que confirmar estas sospechas.

Independientemente de todos estos elementos que hubieran hecho derrumbar al candidato más fuerte en cualquier democracia, en México seguimos contando con actores que funcionan más allá de las reglas. Los más fuertes son los gobernadores que desvían impunemente recursos para las campañas de sus correligionarios. Para muestra basta recordar los 25 millones que fueron confiscados a colaboradores del gobierno de Veracruz hace algunos meses en el aeropuerto del Distrito Federal y que sospechosamente fueron devueltos justo cuando más se necesitaban. Sus bastiones lucen intocables y sus operadores no hacen más que burlarse de las normas electorales.

El otro actor es el clientelismo que parece operar más allá del sentido común. Antes se decía que era producto de la pobreza y la ignorancia pero lamentablemente somos testigos del surgimiento de verdaderos empresarios que se dedican a acarrear votos hasta de los ciudadanos más preparados, basta ver a algunos universitarios que recurren a las prácticas más bajas para garantizar votos a sus candidatos. Los votos en México siguen teniendo precio.

Los candidatos hoy llegan al debate en el que tendrán que lanzar sus últimas cartas. Josefina deberá apostar a derrumbar a López Obrador o despedirse de la presidencia. Veremos nuevos escándalos y el regreso de discursos que fueron muy efectivos en 2006. López Obrador irá a la yugular contra Peña Nieto y éste último puede optar por defenderse o administrar su ventaja. El del PRI es el único que tiene alternativas en este juego. La estrategia de Quadri hoy tendrá que revelarse, dejando claro que la coalición entre Nueva Alianza y el PRI nunca se quebró.

Después del debate tendremos información que nos sorprenderá. Veremos si es suficiente para cambiar las tendencias o no. Finalmente la decisión la tendremos cada uno al estar frente a la boleta.